El procurador regional ha solicitado a la fiscalía penal de turno, la inmediata apertura de investigación fiscal a los funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco, que resulten responsables por no entregar los documentos de los funcionarios designados de la actual gestión regional.
La información fue proporcionada por Olcese Tarazona Gonzales, consejero regional por la provincia de Huánuco y presidente de la Comisión especial del Consejo Regional encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la Ley N° 31419. Especificó que, la Oficina de Recursos Humanos incumplió con entregar los files personales de los funcionarios designados como gerentes, asesores, directores sectoriales, etc.
Señaló que, la denuncia se fundamenta en que, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la gestión, la Oficina de Recursos Humanos solo entregó declaraciones juradas de los funcionarios que declaran cumplir los requisitos de ley, pero no entregó los documentos específicos de los requisitos exigidos por la ley.
“La entrega de solo declaraciones juradas de cumplimiento de requisitos, lleva a presumir que, en la realidad los funcionarios de la actual gestión no cumplen con los requisitos de tener la experiencia en el área o sector para el que fueron designados, lo que explicaría la pésima gestión que se cumple en el gobierno regional”
Es lo que precisó Olcese Tarazona, que también manifestó que la Comisión que preside, ha solicitado la intervención de Servir, para que exija al Gobierno Regional, la entrega de toda la documentación de los funcionarios designados en la actual gestión y se verifique el cumplimiento de la Ley N° 31419 “Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones”
DENUNCIA. La denuncia del procurador regional, Juan Carlos Nolorve, presentada en mesa de partes del Ministerio Público, es contra los que resulten responsables por la comisión del delito contra la administración pública por la omisión, rehusamiento o retardo de actos funcionales. Pide que se tome la declaración a los tres consejeros regionales, integrantes del comité especial para que precisen como les afectó su labor el no haber recibido la documentación requerida a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional.
