Las investigaciones por fraudes informáticos vinculados con criptomonedas se han convertido en una de las principales líneas de trabajo de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Ciberdelincuencia del Ministerio Público, que apuntan a seguir la ruta del dinero hasta determinar quién obtuvo finalmente el beneficio económico de este delito, en ascenso sostenido en los últimos años en el país.
La fiscal provincial Paola Charaja Coata, del Quinto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima, explicó que los fiscales realizan la trazabilidad de los fondos robados a las víctimas. Cuando el dinero termina en cuentas de terceros es posible identificar a sus propietarios, pero el proceso se complica cuando los ciberdelincuentes convierten ese dinero en criptomonedas. Charaja Coata precisó que la persona que aparece como receptora inicial del dinero no necesariamente es la autora del fraude: en algunas investigaciones se ha detectado el uso de identidades suplantadas, cuentas prestadas o cuentas cedidas a terceros a cambio de pequeñas sumas. «Lo que nosotros buscamos es al autor del fraude informático y para eso hay que seguir la ruta del dinero para saber quién finalmente obtuvo la ventaja económica», indicó.
Marcial Paucar, fiscal provincial titular de la Fiscalía Corporativa Especializada de Ciberdelincuencia de Lima Centro, señaló que mediante el carding o fraude, los ciberdelincuentes optan por comprar criptoactivos para buscar impunidad, ya que estas operaciones dificultan identificar a quienes están detrás de las actividades delictivas. Por su parte, la fiscal provincial provisional Martha Munayco Medina, del 4° Despacho de la misma fiscalía, indicó que se han detectado transferencias de dinero hacia personas jurídicas que no tienen existencia real, además de casos con criptoactivos, una modalidad que este año se presenta con frecuencia.
Los fondos obtenidos mediante estas modalidades suelen terminar convertidos en bitcoin u otras criptomonedas, incluidas las llamadas stablecoins, cuyo valor busca mantenerse estable frente al dólar y que algunos delincuentes prefieren por su menor volatilidad frente al bitcoin. La conversión de soles a activos digitales obliga a los investigadores a seguir las operaciones dentro de plataformas como Binance, a las que el Ministerio Público solicita información para identificar al titular de la cuenta y reconstruir las transacciones, apoyándose en los datos de identificación que estas plataformas exigen durante la apertura o verificación de cuentas. La fiscal Charaja Coata subrayó que la investigación no concluye con la identificación de la primera cuenta receptora, sino que busca reconstruir toda la cadena de transferencias y conversiones hasta establecer quién controló finalmente los fondos.
Entre los resultados judiciales de este tipo de investigaciones figura la sentencia obtenida en abril de 2024 contra José Leonell L. R., condenado a tres años y cuatro meses de prisión por destinar ilícitamente 6,500 soles a una billetera de criptomonedas. También se logró la condena de Sebastián C. C., quien desvió 786.78 dólares desde la tarjeta de crédito de un agraviado hacia su billetera de la stablecoin Tether, e intentó evadir el rastreo intercambiándolos el mismo día por Binance Coin antes de convertirlos nuevamente a soles. En julio de 2026, la fiscalía logró además la incautación de 142,756 dólares y 12,378 soles en activos virtuales depositados en las plataformas Binance y Bybit.
Contexto: una ola de denuncias que crece cada año en el Perú
El trabajo de rastreo que describen estos fiscales responde a un fenómeno que las propias cifras oficiales del Ministerio Público retratan como una tendencia sostenida y acelerada. Entre enero y julio de 2026 se registraron 29,118 denuncias por delitos informáticos bajo la Ley 30096, de las cuales el fraude informático concentró 19,602 casos, equivalentes a más del 92% del total junto con la suplantación de identidad, que sumó 7,431 denuncias adicionales. La magnitud del crecimiento se aprecia mejor en la comparación histórica: el país pasó de 4,304 denuncias por delitos informáticos en 2018 a 42,161 en 2024, un incremento acumulado de casi 880% en ese periodo, según cifras recopiladas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) a partir de datos del Ministerio Público.
Ese aumento sostenido ha llevado a la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia a fortalecer su estructura, con sedes en Lima Centro, Arequipa y Trujillo, además de la Primera y Segunda Fiscalía Corporativa en Lima, logrando más de 540 sentencias condenatorias hasta marzo de 2026. Aurora Castillo, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia, ha señalado que el fraude informático muestra un fuerte crecimiento año tras año, mientras que la fiscal Jessica Elizabeth Flores Mariñas, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada, advirtió sobre un aumento significativo de las modalidades vinculadas a criptomonedas y sobre el uso creciente de plataformas como videojuegos para captar a menores de edad y facilitar el anonimato de los delincuentes.
A la par de este crecimiento en volumen, las técnicas empleadas también se han sofisticado: los delitos informáticos contra la fe pública, categoría que incluye los deepfakes generados con inteligencia artificial como paso previo a las estafas, pasaron de 2,396 a 3,053 denuncias entre 2025 y 2026, un alza de 27.4% que representa ya cerca de una cuarta parte del total de casos, según el boletín estadístico del Ministerio Público. Ese giro hacia herramientas de inteligencia artificial generativa, capaces de clonar voces y rostros con alta precisión, ha llevado a las fiscalías a incorporar el uso de IA como agravante en sus investigaciones, en un contexto en el que la propia institución reconoce que un presupuesto limitado y las dificultades para acceder a información bancaria clave siguen siendo obstáculos frecuentes que derivan en el archivamiento de numerosas denuncias.
