El Gorehco pagó ilegalmente S/ 596 960 a 149 trabajadores en la gestión de Rubén Alva Ochoa

El año 2018, último año de la gestión de Rubén Alva Ochoa, el Gobierno Regional de Huánuco, efectuó pagos no establecidos por el Decreto de Urgencia N° 037-94, en favor de 149 funcionarios y servidores que han perjudicado a la Institución con 596 960 soles, según da cuenta el Informe de Control Específico N° 073-2023-2-5339, emitido por el Órgano de Control Institucional de la entidad.

En el informe se responsabiliza de tal situación a la economista Wilda Jacha Espinoza, exgerente de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; a Rosa Alvina Huamán León, exdirectora de Recursos Humanos; a Ruth Estela Palomino Malpartida, especialista III jefa de la Unidad de Remuneraciones Pensiones y Certificaciones; y Ángel Fidel Castro Carhuamaca, exsubgerente de Presupuesto y Tributación.

OCI señala que la irregularidad es haberse pagado una bonificación a los 149 funcionarios y servidores por el periodo setiembre 2016 a diciembre 2018, por supuestos adeudos del Gobierno Regional, pero la jefa de la Unidad de Remuneraciones Pensiones y certificaciones advirtió que el pago le otorgaron desde el año 1994. En conclusión, no existía deuda alguna con los 149 funcionarios y servidores.

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En el Informe se identifica a los 149 funcionarios y servidores, con nombres y apellidos que deberían devolver al Gobierno Regional el monto cobrado, notándose que a 126 de ellos les pagaron como “bonificación” más de 4 200 soles, a 10 entre 3 200 a 3 500 soles, 7 cobraron entre 2 400 a 2 700 soles, cuatro de 1 050 a 1 900 soles y dos entre 750 a 900 soles.

En el informe se recomienda al actual gobernador regional que realice las acciones que correspondan para que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional Huánuco, comprendidos en los hechos observados en el Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

Asimismo, eleva el informe a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, para iniciar las acciones civiles con la finalidad que determinen las responsabilidades que correspondan.

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