La Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Huánuco, formuló una nueva denuncia penal contra un grupo de ex funcionarios de la gestión del mandatario regional Luis Picón y a dos representantes de una empresa constructora por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de colusión.
El caso tiene que ver con el mejoramiento de los servicio de educación inicial de la Institución Educativa n. 64525 de Santa Martha en el distrito de Codo del Pozuzo, Puerto Inca, para el que el Gobierno Regional de Huánuco destinó 879 mil 224 soles de presupuesto y firmó contrato con el Consorcio Santa Martha, que incumplió con los trabajos, pese a que cobró con el visto bueno de los denunciados.
“La procuraduría del gobierno regional nos remitió un informe de auditoría en el que se advierte irregularidades en la obra de una institución educativa de Codo de Pozuzo, por lo que se está realizando la denuncia correspondiente”, manifestó la procuradora Anticorrupción, Krupskaia Beraún Aguirre.
Los denunciados son: Rogelino Guzmán Jimenez en entonces director regional de tesorería; Napoleón Carlos Huaman, director de la oficina de Tesorería; Francisco Yalico Trujillo, director de Contabilidad y Miguel Espinoza Haro subgerente de Supervisión y Liquidación. También están incluidos los funcionarios del Consorcio Santa Martha, ejecutora de la obra: Tito Balcazar Rodríguez y Víctor Hugo Sosa Ramírez.
HECHOS. Según los documentos, el contrato con el consorcio fue firmado el 27 de diciembre del 2012 por el citado monto. El 24 de enero del 2013, la constructora solicita un adelanto directo de 175 mil 844 soles, monto que fue desembolsado pese a que la solicitud transgredía las normas debido a que estaba fuera de tiempo. Además, sobre este mismo monto, no hicieron efectivo la carta fianza causando un perjuicio económico de 49 mil 913 soles.
Luego hicieron un pago de 300 mil soles sin contar con los documentos técnicos y legales sustentatorios, evidenciando una diferencia de 220 mil 842 soles entre lo pagado y ejecutado realmente.
Ycuando el gobierno regional resolvió el contrato por incumplimiento, identificaron que no hicieron la retención de fiel cumplimiento por 87 mil 922 soles. Con todo ello determinaron que el perjuicio económico a la entidad gubernamental asciende a 358 mil 678 soles.
ALGO MAS
La denuncia fue presentada ante la fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fundamentando con el informe de auditoría de cumplimiento, en el que determinaron las presuntas irregularidades.
