Hoy desde las 5:00 de la tarde, el juez Iván Aguirre Antonio del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Amarilis dirigirá la audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra 20 de los 35 investigados por su presunta participación en la organización criminal “Los terribles de Huánuco” que según diligencias preliminares operaba desde el 2015 y que hasta la fecha ha dejado muertos y varios heridos.
LOS INVESTIGADOS
Los investigados por la presunta comisión de los delitos de usurpación agravada y organización criminal que ayer en la madrugada fueron puestos a disposición del Poder Judicial son: Sonia Cervantes Huertas “Sonia”, Darwin Manuel Herrera Cometivos “Patrón”, Teófilo Huamán Soria “Negro o Nesho”, Rafael Pujay Pineda “Lentes”, Percy Rolando Beteta Huamán “Percy”, Listher Mautino Santillán “Mautino”, Kevin Alexander Karlos Bueno “Curuchi”, José Walter Ochoa Sinchi “Goku”, Gustavo Elisban Inga Esteban “Gustavo”, José Quispe Arratea “Negrito Perú”, Saúl Pablo Pérez Bonilla “Yul” y Daniel Jesús Fernández Aldave “Daniel o Barbón”.
También está Cristián Asca Polino “Cristián”, Mayra Cámara Silva “Mayra”, Jonás Ortiz Campos “Monzón”, Carlos Espíritu Alberto “Calin de Shairi”, Adviento Rojas Ramírez “Gato”, Mercedes Margot Quiróz Soria “Meche”, Wilson Alfredo Bravo Fretel “Paisita” y José Luis Ramírez Chamorro “Pancha”, quienes fueron detenidos durante el mega operativo “Pedroza 2019” desarrollado en simultáneo en Huánuco, Amarilis, Pillco Marca, Quicacán y San Martín. En la redada policial, donde participaron más de 500 policías y 38 fiscales allanaron dos celdas en el pabellón 4 del penal de Potracancha, donde están recluidos Michael Ardiles Esteban “Michael” y Máximo Inga Esteban “Lechón”.
SEGUIMIENTO POLICIAL
La investigación que inició en abril del 2018 con la denuncia presentada por el presidente de la comunidad campesina de Yurajhuanca y otras tres personas, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco a cargo del fiscal César Palli Calla dispuso realizar una serie de diligencias junto a la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) con la finalidad de identificar a los cabecillas de los que propiciaban en las invasiones no solo en La Pedroza, sino también en otras zonas como es San Andrés, Quicacán y otros.
Luego de recabar declaraciones de los agraviados, el segundo paso fue identificar el modus operandi de la organización criminal dedicada a usurpar terrenos que estaban sin seguridad para luego lotizar y comercializar a personas que buscaban un lugar donde vivir. Una vez identificado la forma de cómo operaban, el segundo paso fue buscar a los mismos invasores que por algún motivo fueron expulsados o no estaban de acuerdo con sus dirigentes y es así que cinco exinvasores fueron captados para convertirse en testigos claves. El trabajo de los colaboradores fue muy importante, porque fueron ellos los que filmaron y grabaron las reuniones que sostenían los dirigentes con los invasores.
Y para tener mayor contundencia en el trabajo que estaban realizando los testigos, el jefe de la unidad especializada elaboró un informe al fiscal a cargo para incorporar a dos agentes encubiertos con la única finalidad de obtener información, evidencias y pruebas que permitan a la policía y fiscalía identificar a los integrantes de la organización criminal y posterior desarticulación. La designación de los dos agentes encubiertos fue autorizada mediante disposición fiscal del 26 de enero del 2019 que hasta antes de la detención identificaron a 40 personas o objetivos que de una u otra manera tuvieron participación antes, durante y después en la invasión de La Pedroza.
Con la información obtenida, el fiscal solicitó el allanamiento de 37 inmuebles de los cuales, dos fueron en el penal y cinco, solo allanamiento porque no era necesario la detención, como es el caso del exalcalde de Amarilis, Robinson Aguirre Casimiro. De las 35 personas para quienes el juez José Solís Canchari declaró fundado el pedido de detención preliminar por diez días, 20 fueron capturadas y hoy serán llevados a audiencia, donde el fiscal a cargo del caso deberá sustentar los fundados y graves elementos de convicción que vinculan a cada uno de los investigados con la presunta organización criminal “Los Terribles de Huánuco”.