El Sindicato de Unión de Trabajadores Penitenciarios del Régimen Laboral CAS del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) Huánuco, se plegó a la protesta nacional. En el frontis de la sede de la Oficina Regional Oriente Pucallpa, realizaron un plantón exigiendo la emisión de un contrato indeterminado, seguro contra todo riesgo, seguro de vida, rotaciones de los servidores y un bono alimentario, este último conseguido en el año 2019 por negociación colectiva.
Incluso, los agremiados que suman 360, enviaron un oficio a Susana Silva Hasombank, presidenta del Instituto Nacional Penitenciario, en la que le manifestaron que está medida de lucha la adoptaron ante la falta de respuestas y soluciones por parte del Inpe y del Ministerio de Justicia.
“Denunciamos la desatención del pliego de reclamos del 2019 y exigimos el reconocimiento, pago o compensación de las horas extras laboradas por los trabajadores penitenciarios CAS”, detallan en el oficio remitido el 20 de octubre.
Los agentes, que laboran bajo el régimen CAS acataron la medida de lucha en su mayoría a excepción de un piquete de trabajadores encargados de la seguridad, alimentación y atención médica de los internos del penal. Durante la protesta, los agentes penitenciarios señalaron que sus labores se vieron afectadas durante la pandemia debido al hacinamiento en los penales y ahora, si bien es cierto bajó el nivel de contagio, el excesivo número de internos en los penales del país sigue generando que sus labores sean de alto riesgo, sin que las autoridades hayan hecho algo por ellos.
En Huánuco, Gloría Estrada, directora de la Oficina Regional Oriente Pucallpa, dialogó con los trabajadores a quienes felicitó por su trabajo y les dio la razón; pues, al estar más de nueve años con la modalidad de contrato CAS adquieren derechos irrevocables. “Nuestra lucha es justa y nada nos asusta”, aregaban.
