Con destrucción de casas rústicas inicia desalojo parcial de El Totoral

Con la presencia de un grueso contingente policial, un grupo de autoridades de la Corte de Justicia de Huánuco, Ministerio Público y Gobierno Regional de Huánuco, llegaron ayer al área protegida El Totoral en Huachog, centro poblado de Colpa Baja, para desalojar a los invasores. Sin embargo, la ejecución solo fue en parte y será complementada en una nueva fecha.

La diligencia fue dirigida por la juez Anabely Meza Pérez, quien coordinó con los agentes del orden una intervención técnica para evitar hechos violentos. Tras algunas conversaciones con las familias asentadas ilegalmente en el lugar, procedieron a derivar varias casas rústicas de una parte del predio.

Sobre el particular, el fiscal en material ambiental, César Gonzáles, refirió que por orden judicial procedían a iniciar la ministración de posesión del área de protección natural en favor del gobierno regional. “Según los documentos, el área de protección abarca nueve hectáreas”, dijo.

Recordó que era la segunda intervención para el desalojo toda vez que el 28 de setiembre otorgaron un plazo de tres días para que salgan pacíficamente, que ya fue vencida en exceso, pero continúan en el posicionamiento ilegal. No hicieron ni un movimiento para dejar el lugar, por lo que procedían a ejecutar el desalojo con la fuerza pública.

Sin embargo, al final de la jornada el cálculo es que solo lograron desalojar en un 40%. La siguiente diligencia sería en la quincena de diciembre.

 

ANTECEDENTES. Desde julio del 2016, grupos de personas invadieron el Totoral de Huachog, actualmente considerada “área de protección y conservación ecológica”.

Ante esos hechos, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental promovió una denuncia por usurpación contra los dirigentes de la denominada Asociación Fundo Aguajal, Donato Saavedra Román (presidente), Ronal Renzo Salcedo Chogas, Orlando López Presentación y otros que resulten responsables.

Como parte de esta denuncia, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, declaró fundado el pedido de desalojo preventivo y ministración provisional planteada por la referida fiscalía y el 28 de noviembre del 2017 otorgó un plazo de 24 horas para que los invasores desalojen de manera pacífica, sin embargo ello no ocurrió.

Posteriormente, en junio de este año, la Sala Mixta de Huánuco declaró concluido el proceso judicial entre el Gobierno Regional y la Asociación Fundo Aguajal y ordenó que en el plazo de seis días, los invasores de dicho terreno se retiren, de lo contrario serían desalojados por la fuerza pública.

El 28 de setiembre, hubo un intento de desalojo con intervención de la Policía, pero, tras el intento, la autoridad judicial otorgó tres días de hábiles de plazo a los integrantes de las Asociación Fundo Aguajal, para salir pacíficamente del área protegida.

En esa oportunidad, el dirigente Donato Saavedra, quien aceptó que saldrán pacíficamente en el plazo señalado, pidió a las autoridades proteger realmente el lugar y no negociarlo, ni permitir que ingresen otras personas.

Mencionó esa vez que son 120 personas, quienes permanecen en el lugar desde hace dos años. “Ingresamos ante que saquen la ordenanza de protección”, dijo.

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