Este 25 de julio cumple 120 días que el entonces juez Elmer Contreras Campos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco dictó 18 meses de prisión preventiva contra el entonces gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, quien junto a otras once personas es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado, representado por el Gobierno Regional de Huánuco.
Cinco días después, el 30 de julio, también se cumplen los 120 días de que el Consejo Regional lo suspendió en el cargo y colocó en su lugar a Erasmo Fernández Sixto.
¿Qué sucede al cumpliese los 120 días? Y, es que, si en estos días el Poder Judicial no revoca la prisión preventiva en contra de Alvarado, como no ocurrirá, será suspendido definitivamente del cargo, así lo explicó el consejero delegado, Johann Aguirre Caldas, quien sostuvo que, al cumplirse este plazo el Consejo Regional sesionaría para vacar a Alvarado Cornelio, por quien el Ministerio del Interior a través del Programa de Recompensas está ofreciendo 30 mil soles por su ubicación y captura.
Es un hecho que Juan Alvarado no retorné al gobierno regional, ya que, el recurso de apelación será sustentada recién el 5 de agosto a las 4:00 de la tarde ante la Sala Penal de Apelaciones, integrada por los magistrados Ángel Gómez Varga, Eloy Cupe Calcina y Wenceslao Aguirre Suárez. Ante ello, es preciso indicar que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que aquella autoridad elegida por voto popular será vacada, siempre y cuando se ausente por 120 días, causal que cumplirá Juan Alvarado el 30 de julio.
IMPLICADOS. Los otros investigados, por el caso de la irregular compra de 7995 laptops; que están con prisión preventiva por 18 meses es el empresario Luis Bedregal Gonzáles y la ex funcionaria del gobierno regional, Luz Janeth Rodríguez Ramos para quienes el Ministerio del Interior está ofreciendo 20 soles por cada uno. Desde la clandestinidad a través de sus abogados apelaron la resolución número 34 emitida el 25 de enero, pero la Sala Penal de Apelaciones en fechas distintas tras escuchar los argumentos de sus abogados, confirmaron la prisión preventiva para ambos.
En tanto, el ex gerente del gobierno regional, Luis Briceño Jara y el trabajador del GRH, Limber García Tafur cumplen reglas de conducta, luego que el juzgado declaró fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones. Ambas personas están prohibidas de comunicarse con los testigos del proceso penal; tienen la obligación de no ausentarse de la localidad en que residen, sin autorización del juez, y están obligados de comparecer cada treinta días ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios para dar cuenta de sus actividades, debiendo registrar su control a través del sistema biométrico.
CASO. La investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios fue tomada del informe de la Contraloría de la República y el cual está resumida en 15 tomos, en el que intervinieron ingenieros de sistemas, abogados y auditores, quienes revisaron uno a uno los documentos, órdenes de compra, oficios, memorándums, etc., relacionado al proyecto de inversión denominado: “Mejoramiento de los servicios pedagógicos de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Huánuco” del Gobierno Regional de Huánuco que consistió en la compra de 7995 computadoras portátiles a la empresa Pomme Corporativo SRL.
Según el informe, Juan Alvarado Cornelio, Luz Rodríguez Ramos, Luis Briceño Jara, Ada Gonzáles Soto, Limber García Tafur, Eden Kaid Lavado Loarte, Fredy Hernando Nájera Valentín, Luis Felipe Serna Acosta, Diego Hugo Bances Ballon y Luis Bedregal Gonzáles habrían direccionado la compra y que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes.
Las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas y antes de ser entregadas a los docentes, fueron reensambladas, esto debido que el peritaje determinó que reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB) que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte) requerida en la orden de compra. Asimismo, las computadoras fueron adulteradas, esto debido que cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas.
Según la imputación del Ministerio Público, los funcionarios del gobierno regional incluidos en la investigación dieron conformidad a la recepción de 7995 computadoras portátiles, a pesar de que no fueron entregadas con todos los programas de cómputo solicitados y registraba un faltante de 104 laptops. Los responsables habrían transgredido la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual afectó la correcta contratación pública y la transparencia en el uso de los recursos públicos, situación que generó un perjuicio a la entidad por 23 225 490,04 de soles.
ALGO +
Darwin Campos Soto, cumple comparecencia con restricciones, luego de salir del penal, donde estuvo internado, debido a que el mismo juzgado que ordenó su prisión preventiva revocó la resolución ante un recurso de apelación.
