Culminado la exposición de los cinco requisitos de la prisión preventiva, el juez Elmer Contreras Campos, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco programó para mañana 25 de marzo a las 10:30 am la lectura de la resolución sobre el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, el empresario Luis Bedregal Gonzáles, los ex funcionarios Darwin Frank Campos Soto y Luz Janeth Rodríguez Ramos, investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Huánuco.
En las más de 24 horas que tiene para resolver, el juez evaluará cada uno de los fundados y graves elementos de convicción expuestos en la audiencia virtual por el representante del Ministerio Público y los argumentos de defensa de cada uno de los investigados para finalmente emitir la resolución declarando fundado o infundado el requerimiento de prisión preventiva.
En la audiencia que duró varios días, el fiscal Iván Carrión Cabrera, sostuvo ante el juez que existe los presupuesto para dictarse la medida, porque según explicó la finalidad es garantizar la presencia de los cuatro investigados en el proceso. Antes de cerrarse el debate, el magistrado dio oportunidad a cada uno de los investigados para defenderse de la imputación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huánuco.
El primero en hablar fue el gobernador regional, Juan Alvarado, quien por más de diez minutos hizo uso de su autodefensa sobre su participación en el proceso de compra de las 7995 computadoras portátiles que el Gobierno Regional de Huánuco entregó a profesores y directores del departamento de Huánuco. “El primer interesado que se esclarezca es mi persona. Mi única participación ha sido firmar la autorización de la estandarización, lo hice porque me alcanzó un proyecto de resolución del área técnica que contiene la visación del área legal y las demás áreas de tal manera, cumpliendo un trámite regular fue firmado por mi persona. Confiado que todo lo que pasa por las distintas áreas tienen todos los visados obedecen a un trámite regular desarrollado dentro de la institución”.
Asimismo, dijo no conocer a ninguno de la empresa Pomme Corporativo y que su único compromiso como funcionario público es con la población a quien se debe. “Nadie está interesado más que yo que este caso se esclarezca”, dijo al tiempo de pedir un debido proceso y no ser privado de su libertad sin antes ser escuchado, porque no sólo afectaría a su persona, sino a la población. “Nunca obstaculicé la investigación y jamás me negué a presentarme”, agregó el mandatario.
Por su parte, Luz Rodríguez Ramos, dijo que su único compromiso al ocupar el cargo de gerente de Desarrollo Social del gobierno regional, fue trabajar por el bien de la población, sin ninguna concertación de funcionarios y proveedores como la están imputando. Asimismo, indicó que está dispuesta a someterse a toda investigación, pero con todas las garantías y que le dan la oportunidad de declarar para defenderse de la imputación.
Con relación al tan discutido informe de estandarización con el cual habrían favorecido a la empresa Pomme Corporativo, dijo que fue elaborado por un profesional.
Entre tanto, Luis Bedregal González, dijo no conocer a ninguno de las personas que están siendo investigadas. Informó que desde hace 22 años trabaja en el rubro de la informática y que para aclarar las dudas sobre la estandarización, elaboró un informe de 80 páginas que fue remitida a la Contraloría de la República, pero que según él no fueron tomados en cuenta razón por el cual a la fecha afronta un pedido de prisión preventiva.
Por último, Darwin Campos Soto, luego de explicar su participación en el proceso y la verificación de las laptops, dijo vivir con sus padres y al igual que las otras personas necesita saber la verdad. “Fui un instrumento para realizar esa compra, desconozco que es una estandarización”, replicó.
OPINIÓN. Al ser consultado sobre el particular, el decano del Colegio de Abogados, Rodolfo Espinoza, sostuvo que los elementos de convicción expuestos por fiscal Iván Carrión, del Quinto Despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, son contundentes. Al ser, la prognosis de pena superior a los seis años, señaló que, se tiene peligro de fuga.
En segundo lugar, a opinión de Espinoza, hay peligro procesal, ya que se pueda amenazar testigos comprar testigos. Y, sobre el tercer elemento, dijo que no basta la prueba indiciaria, sino que tiene que haber una causa probatoria fuerte que vincule directamente a la persona sobre la cual va aplicarse una medida tan grave y en este caso están las pruebas que aportó la Contraloría.
Además, dijo que debe tomarse en cuenta la apertura de nuevos casos por otras irregularidades. «Acaba de salir una denuncia referido al tema de los gastos que se tuvo en la época de pandemia, no nos olvidemos que hubo denuncias bastante serias, tales como las mascarillas sobrevaloradas, engrapadas o, por ejemplo, la adquisición que tercamente se hizo de una planta generadora de oxígeno medicinal que vino desde Portugal y, al final, creo que al mes dejó de funcionar», dijo el letrado.
Sobre la inclusión de Zulma Picón y Naylamp Cueva, dijo que, se tiene que incluir dentro del mismo proceso porque no se puede estar partiendo o disgregando en una serie de procesos siempre por razones que se manejan en materia procesal general.
ALGO +
La audiencia que inició el lunes 14 de marzo y luego continuó los días 18, 19, 21 y 22, culminó ayer miércoles 23, durante el cual el fiscal Iván Carrió sustentó los argumentos de su pedido de prisión preventiva de 18 meses y el juez escucho los alegatos de defensa de los abogados de los implicados.
