El 11 de diciembre 2020, el procurador público del Gobierno Regional de Huánuco, Juan Carlos Nolorve Rojas, ingresó por mesa de parte de la fiscalía provincial penal corporativa de turno de Huánuco, una denuncia penal contra un grupo de representantes del denominado ‘comité de gestión por la emergencia agropecuaria’ que encabezó la manifestación de los productores de papa que incluyó bloqueo de calles y carretera Central, así como aglomeraciones y agresiones.
En la lista de denunciados están Edwin Miranda Ávalos, Hildebrando Aquino Eduardo, Luis Malpartida Garay, Dalila Rojas Mallqui, Josué Víctor Jumuanga Ruiz y otros que resulten responsables.
Les imputan haber cometido la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la libertad en la modalidad de coacción y secuestro, contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad y contra la salud pública en la modalidad de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas y violación de medidas sanitarias.
El documento señala que grupos de agricultores de las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea organizaron a través de sus representantes una aparente ‘huelga pacífica’ para presentar varias demandas, argumentando la Ordenanza Regional n° 023 que declaró en emergencia el sector agropecuario y la seguridad alimentaria y dispuso que el ejecutivo regional destine 30 millones de soles para su implementación; sin embrago, de los diversos hechos reportados por los medios de prensa y redes sociales, los manifestantes incurrieron en la comisión de diversos delitos.
El procurador indica en su escrito que el 7 de diciembre, los agricultores formaron una aglomeración en las afueras de la sede del Gobierno Regional de Huánuco, donde a través de la violencia y amenaza, evitaron la salida de los funcionarios y servidores públicos por dos horas; hecho que persistió el día siguiente, impidiendo el acceso del personal administrativo para cumplir sus labores, con actos vandálicos que pusieron en zozobra y peligro a los trabajadores y pobladores.
También resalta que la medida adoptada por los manifestantes incluyó la obstrucción de caminos y carreteras, tanto en la ciudad de Huánuco como en la vía Central (Rancho), impidiendo el libre tránsito de peatones y transportistas. Además, menciona que la medida de fuerza fue desarrollada sin respetar las medidas de sanidad y salubridad, convirtiéndose en un foco infeccioso y de contagio del Covid-19, trasgrediendo las normas de la emergencia sanitaria.
En la denuncia también resaltan que los dirigentes pretendieron desnaturalizar la Ordenanza Regional n° 023-2020, que fue dictada en virtud a una circunstancia distinta y no solo para un sector del agro de la región Huánuco.
