Pedro Castillo laborará desde Palacio de Gobierno hasta determinar otra sede presidencial

Tras los cuestionamientos e incluso una denuncia constitucional por infringir las normas de transparencia, el presidente de la República, Pedro Castillo, cumplirá las labores propias de su investidura en la sede de Palacio de Gobierno, en tanto se determine el lugar más adecuado para el traslado del Despacho Presidencial.

Así lo informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial a través de un comunicado. También mencionan que el jefe del Estado reitera su convocatoria a todos los peruanos y peruanas de buena voluntad, a dejar de lado las diferencias ideológicas, posiciones políticas e intereses personales. “Esto con el único propósito de trabajar por la unidad y el desarrollo del Perú”, finaliza el comunicado difundido.

El secretario general de la asociación Transparencia, Iván Lanegra, enfatiza que todas las reuniones que tiene el presidente Castillo, incluso en la vivienda de Breña desde el 28 de julio, ya son oficiales, razón por la cual deben ser reportadas tanto en la agenda de actividades del mandatario, como el registro oficial de visitas, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En tanto, el excongresista Edgar Villanueva Núñez (2001-2006) denunció constitucionalmente al presidente Pedro Castillo y al premier Guido Bellido por infracción constitucional y flagrante violación legal.

Villanueva sostiene que “por derecho propio y en condición de agraviado por violación del derecho a conocer la transparencia de los actos de Gobierno en el ejercicio de la función pública, dentro de los marcos legales y constitucionales”.

Según la denuncia, Castillo y Bellido “en forma concertada vienen violando flagrantemente normas legales vigentes y la propia Constitución”, por suscribir acuerdos, normas, nombramientos y toma de juramentos fuera de la sede legalmente establecida, como lo es Palacio de Gobierno.

Villanueva Núñez recalcó que dichos actos después del 28 de julio deben ser declarados por el Congreso de la República como “nulos y sin efecto jurídico”.

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