Para hoy, desde las 8:30 de la mañana, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Huánuco, tiene previsto dar inicio al juicio oral contra el ex gobernador regional y actual congresista de la República, Luis Picón Quedo y otras diez personas investigadas por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso en agravio del Gobierno Regional de Huánuco. Mediante resolución número 6 emitido el 22 de febrero del 2022, los jueces Irma Chamorro Portal, Cristian Huere Jara y Walter Valle Roque programaron la audiencia virtual.
En el documento que fue notificado a los abogados; los magistrados emplazan a los reos libres Luis Picón, Fernán Panduro Panduro, Abel Hernán Terry Egusquiza, Rogelio Guzmán Jiménez, Francisco Yalico Trujillo, Napoleón Rufo Carlos Huamán, Oscar Wilfredo Colmenares Zapata, Lizardo Paúl Lazo Pacheco, Esteban Iván Pavletich Figueroa, Eloy Félix Alzamora Morales, Miguel Ángel Espinoza Haro, bajo apercibimiento de ser declarados reo contumaz, están obligados a presentarse a la audiencia.
Los jueces indican que, por tratarse de una audiencia inaplazable, los abogados de cada uno de los investigados están obligados a conectarse a través del sistema Google Hangousts Meet y si no lo hacen serán excluidos del presente proceso y la diligencia será desarrollada con la defensa pública. Y con relación al fiscal Marco Antonio Espíritu Matos del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, en la resolución indica que bajo apercibimiento de inconcurrencia a la audiencia, copias del caso serán remitidas al órgano de control interno por responsabilidad funcional.
CASO. El 19 de diciembre del 2012, Luis Picón en su condición de presidente del Gobierno Regional de Huánuco, Fernando Panduro, gerente general; Abel Terry, gerente de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial; Oscar Colmanares, gerente de infraestructura; Lizardo Lazo, gerente de Desarrollo Económico, Esteban Pabletich, gerente de Desarrollo Social, Eloy Alzamora, gerente de recursos naturales y gestión de medio ambiente; Rogelino Guzmán, director regional de administración mediante acta n° 19 acordaron aprobar la modificación del programa de inversiones 2012, la misma que fue formalizada mediante resolución ejecutiva.
La finalidad era asignar los recursos necesarios a las prioridades establecidas por la alta dirección a fin de asegurar la ejecución de los proyectos programados y garantizar la disponibilidad de recursos que permitan su proceso de ejecución conforme dijo al fiscal, el investigado Abel Terry, quien refirió que a nivel de gerentes del GRH realizaron un conversatorio en la que analizaron la necesidad de asegurar la continuidad de los proyectos de inversión, asumiendo la gerencia general la decisión de autorizar a la dirección de administración para realizar el devengado.
En su momento al ser interrogado por el fiscal a cargo de la investigación, Picón Quedo, dijo que el devengado del presupuesto de diciembre del 2012 fue una labor administrativa asumida en consejo directorio, sin embargo para la fiscalía el acuerdo de directorio número 19-2012 y la resolución 2560-2012 aprobados sin los respectivos informes, indebidamente y sin la documentación necesaria habilitaron el presupuesto de 124’567,301.33 a favor de las diferentes obras que el gobierno regional estaba ejecutando.
Aprobaron el devengado y pago a los contratistas, pese que los ahora acusados tenían conocimiento que algunas obras estaban paralizadas o inconclusas, como es el caso de la reconstrucción de infraestructura educativa e implementación con mobiliario de la IE N° 32483 Ricardo Palma de Tingo María, donde pagaron a la empresa contratista representado por Julio Alvarado Trujillo la suma de 984,610.22. Otra de las empresas beneficiadas con la acción irregular es la empresa representada por Julián Arista Perea a quien entregaron 395486.70, por la ejecución de la obra mejoramiento de la oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en el nivel primario en la IE N° 32417 ubicado en Singa, provincia de Huamalíes.
También pagaron por obras que aún no estaban en ejecución como es el caso de la obra ampliación y mejoramiento de la infraestructura e implementación con mobiliario y equipos en la IE Guzmán Seráfico Soto, en Caramarca, San Francisco de Asís, provincia de Lauricocha pagaron a Saul Ponce García 2’149,199.25. También pagaron 1´261,199.25 a José Hernández Calderón representante de la empresa contratista “Consorcio Hospitalario Huánuco” para el mejoramiento de la capacidad disolutiva de los servicios de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán.
Según la fiscalía devengaron en diciembre del 2012, pero en enero, febrero y marzo del 2013 pagaron de manera irregular el presupuesto a las obras pese a no existir las valoraciones y conformidad de servicios. En las diligencias realizadas, la fiscalía pudo determinar que el pago irregular asciende a 86’914,503.79 las cuales fueron retirados a través de tres cheques de la cuenta corriente de recursos ordinarios, las cuales fueron depositados a la cuenta corriente de fiel cumplimiento.
ALGO +
En la acusación fiscal que tiene 70 elementos de convicción para los once investigados que están en calidad de autores y cómplices primarios, la fiscalía pide 10 años de cárcel e inhabilitación para ejercer función pública..
