Hoy desde las 8:30 de la mañana continúa la audiencia virtual de prisión preventiva contra el gobernador regional Juan Alvarado Cornelio, el empresario Luis Bedregal Gonzáles, los exfuncionarios Darwin Campos Soto y Luz Rodríguez Ramos; investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco).
Hasta el 19 de marzo a las 12:50 de la tarde, eran más de 12 horas de audiencias desarrolladas en tres días, en el que el fiscal Virgilio Iván Carrión Cabrera expuso el primer requisito de la prisión preventiva relacionado a los elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito. En la última audiencia quedó pendiente la respuesta del representante del Ministerio Público a los argumentos del abogado Germán Jorge Rouillón López, defensor de Luis Bedregal Gonzáles, representante de la empresa Pomme Corporativo S.R.L. que vendió los equipos de cómputo al gobierno regional.
Según el referido letrado, las 7 995 laptops compradas por el Gorehco no fueron reensambladas como indica el informe de Contraloría, el mismo que fue tomado por la fiscalía para presentar el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra el gobernador y otras tres personas. Estableció su defensa en las reglas de estándar del método especial de contratación a través de los catálogos electrónicos de acuerdo al marco- tipo I de Perú Compras, que es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de promover y elegir los procesos de selección.
Respecto a la adulteración de las laptops, el abogado dijo que las computadoras cuentan con dos certificaciones de garantía del fabricante, y que estás computadoras portátiles ingresaron el 28 de diciembre a Perú a las 5: 30 de la tarde y a Huánuco llegaron el 30 de diciembre en la mañana, por lo que para él no es posible cometer el delito en menos de 48 horas, esto con relación a la adulteración de discos duros. Dijo, que el error es del mayorista que consignó los discos duros de las laptops por 256 MB cuando era un Tera, que fue subsanado y, si lo buscan en el DUA (Documento Único Administrativo) está consignado.
Sobre el grupo de 104 laptops que no llegó a Huánuco a tiempo, según la defensa técnica de Pomme Corprativo, es porque arribaron al país con un código diferente al lote de equipos solicitados, por lo que realizaron el cambio de código para que puedan llegar hasta Huánuco dentro del plazo establecido que era de 90 días, por lo que las computadoras portátiles llegaron el 13 de enero de 2020. Y con relación al proceso de compra y venta refirió que, según los procesos de las reglas estándar del método especial de contratación a través de los catálogos electrónicos de Perú Compras, sin exigir que cuente con el stock correspondiente del producto por no tener la certeza que serán favorecidos con la buena pro, que también señala el OSCE.
Sostuvo que de acuerdo a la carta notarial n° 004-2022-GRH/GRA el empresario Luis Bedregal, informó al Gorehco, la garantía de las 7995 laptops está en ejecución desde el 30 de diciembre de 2019, fecha en que entregaron los equipos de cómputo coberturando la garantía en el hardware y software, por un periodo de tres años tal como indican los certificados de garantía emitidos por el fabricante Lenovo. Resaltó que los equipos no fueron reensamblados, y siempre contaron con un Tera de disco duro.
Explicó que existe la predisposición de poner a disposición de un personal técnico con la finalidad de demostrar que las 7995 laptops cuentan con licencias originales y revisar físicamente las características técnicas y de ser necesario reconfigurar el Software con sus licencias vigentes, demostrando que los equipos contienen las licencias de Software y explicar los procedimientos para validarlas en un acto público en presencia del personal técnico de la entidad.
GOBERNADOR. Por su parte, el abogado Raúl Pariona Arana, quien defiende a Juan Alvarado Cornelio, pidió al magistrado, revisar minuciosamente el caso de relevancia social y resolver con imparcialidad. “No bastan las conjeturas y las especulaciones, en este caso debe evidenciarse toda conjeturas en elementos de convicción, por eso señor juez le pido a usted que sea justo como esperamos todos, que, decida en función a lo que escucha, evidencia y en aplicación de la ley”, explicó.
Dijo que, en este caso, el núcleo central es presuntamente haber direccionado la compra de las 7995 laptops a la marca Lenovo y que esa medida habría incurrido en el delito de colusión generando un perjuicio económico de 23 millones de soles al Estado.
“La imputación contra mi patrocinado está en la página 19 y es haber suscrito una resolución ejecutiva regional número 897-2019 de fecha 2 de diciembre del 2019, sin contar con una opinión jurídica que sustente la estandarización. Esa la imputación contra mi patrocinado, haber suscrito que aprueba el acto administrativo en virtud del cual aprueba la estandarización solicitada por el área logística. Después de esta imputación no existe otra, mi patrocinado en todo lo narrado por el señor fiscal, la única intervención que ha tenido es haber suscrito esa resolución ejecutiva”, explicó el abogado.
Asimismo, dijo que de los 40 elementos de convicción que el señor fiscal ha presentado,
el único elemento de convicción es la resolución que suscribió Juan Alvarado y no
existe otro elemento de convicción.
Con relación a la declaración de Darwin Campos Soto (otro de los imputados en el caso), dijo que no era un elemento de convicción. Advirtió que el fiscal no puede hablar
de perjuicio económico, porque el gobierno regional si entregó computadoras de última
generación a los docentes de la región.
Dijo que en esta compra es imposible que haya habido colusión de parte del gobernador,
porque él no definió con que empresa iban a llevar el proceso de contratación sobre la compra de las computadoras portátiles.
