La Procuraduría Pública Descentralizada Anticorrupción de Huánuco denunció ante el Ministerio Público a quienes resulten responsables de la comisión del delito de colusión en la adjudicación de la buena pro de la construcción del sistema de irrigación del río Conchumayo margen derecha. Esto, luego de que la Contraloría General de la República observará que, el consorcio Hidráulico Huallaga, ganador del proceso, no acreditó solvencia económica por el valor de S/ 35’ 572,261.45, como parte de las garantías de fiel cumplimiento para ejecutar la obra de S/ 59 287 000.00 y; porque, los funcionarios del Gobierno Regional Huánuco, miembros del comité de selección, siendo conscientes de que la carta de fiel cumplimiento era irregular, adjudicaron la obra.
El comité de selección validó tres cartas de líneas de crédito, una de ellas, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción Ltda, pese a que, no pueden captar recursos públicos, según el Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro, toda vez que, fue emitida a nombre del cliente.
El comité de selección que condujo la Licitación Pública N° 014-2020-GRH/GRI, diez días después de su conformación convocó al proceso de selección, en la cual se registraron treinta participantes; sin embargo, meses después, en el día y horario establecido solo un postor presentó su oferta, siendo este el consorcio Hidráulico Huallaga.
El referido comité de selección estuvo integrado por: Kennedy Neskin Diaz Delgado (sub gerente de Estudios), Ronald Henry Segundo Moreira (ex sub gerente de Obras y Supervisión y actual gerente de Infraestructura), Elviz Eucevio Garay Correa (ex director de la oficina de Logística y Servicios Auxiliares), Deni Darsham Cuchilla Acuna (ex gerente de Infraestructura), Yumer Eliseo Fabian Diaz (ex sub gerente de Obras y Supervisión y actual director regional de Transportes y Comunicaciones) y María del Carmen Pilar Calzada Espinoza (trabajadora de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares).
Luego de admitir y evaluar la única oferta, procedieron con la calificación y otorgación de la buena pro; todo ello, en un solo día, el 22 de abril de este año. Estos aspectos, tanto para la Procuraduría Anticorrupción, como para la Contraloría General de la República afectan la transparencia y legalidad que deben regir las actuaciones en las contrataciones del Estado.
El hecho de que, se haya adjudicado la obra al Consorcio Hidráulico Huallaga, contraviene, incluso, con la decisión que habían adoptado meses antes los miembros del comité, quienes habían descalificado como participante del proceso de licitación de saldo de obra del canal de irrigación Minarragra-Shunqui-Pachas, a la empresa Constructora Prado ERM SAC, debido a que habían presentado una carta fianza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Niño Rey de Huamanga.
Además, en la denuncia formulada, la coordinadora regional de la Procuraduría Pública Anticorrupción, Krupskaia Beraún Aguirre, señala que, después de que, la gerente general del Gobierno Regional de Huánuco, Graciela Alcedo y, Clifford Ramiro Peña Eugenio, representante Consorcio Hidráulico Huallaga, suscribieron el contrato, no se habría cumplido con las condiciones contractuales. El escrito, precisa que la firma del contrato se dio el 10 de septiembre de 2021.
SUPERVISOR. Cuando inició la ejecución del proyecto, no se cumplieron las normativas. Y es que, recién, cuando se dio inició a la obra, la empresa contratista se enteró de que no había supervisor; pues, el procedimiento de selección fue declarado desierto, debido a que ninguna empresa se llegó a presentar. Ante esta situación, los funcionarios y el representante del Consorcio Hidráulico Huallaga, acordaron dejar para otro momento el inicio del plazo de ejecución contractual, amparados en el Reglamento de Contrataciones del Estado.
Según la Contraloría General de la República, el 6 de septiembre de 2021, se dio inició a la ejecución de la obra sin la participación del supervisor; pero, haciendo laS veces de este, el subgerente de obras y supervisión del Gobierno Regional de Huánuco, quien a su vez se desempeñaba como especialista en contratos de obra en la mencionada subgerencia. Este hecho también configura como un acto irregular.
El perjuicio económico al Estado se determinará con las investigaciones correspondientes. Y, sin duda, a ello se sumará el hecho de que, el Gobierno Regional de Huánuco debía otorgarle al consorcio ejecutor la suma de S/ 14’ 821,750.00, como parte del adelanto de materiales; sin embargo, la entidad no contaba con dicho importe, razón por la cual, tuvo que efectuar modificaciones presupuestarias internas logrando obtener S/ 5’ 335, 830.00. Pero, este hecho ocasionó que se afecten recursos de otros proyectos.
Actualmente, la obra se encuentra paralizada.
