La reciente aprobación del proyecto de ley que permite el nombramiento excepcional de docentes contratados, en el Congreso de la República, es populista y genera falsas expectativas en los maestros de Educación Básica Regular, porque se encuentra priorizada el proceso de nombramiento convocado el año 2022, opinó tajantemente Rosendo Serna Román, ex ministro de Educación.
No existirán plazas vacantes para el año 2024, porque el actual proceso de nombramiento debería cubrirlas en su totalidad.
Explicó que, en la actualidad se encuentra en fase final el concurso de nombramiento de docentes, iniciada el 9 de diciembre de 2022 con la Prueba Nacional Única, aprobada por147 mil docentes para las 80 mil plazas existentes. Se ha pasado a la fase descentralizada que terminará a finales de agosto.
De no cubrirse todas las plazas, aquellos profesores concursantes que no accedieron a las plazas podrán elegirlas entre setiembre hasta noviembre, implica que hasta finales del presente año deberían cubrirse las 80 mil plazas, y que para finales del año no existirán plazas para el nombramiento excepcional aprobado por el Congreso de la República.
Serna Román detalló que, las 80 mil plazas existentes para el actual proceso de nombramiento, es la resultante de las 40 mil plazas orgánicas y las 40 mil plazas eventuales que su gestión las convirtió todas en orgánicas, lo que significa que no existirán más cantidad de plazas a ser ofertadas para el nombramiento excepcional. En consecuencia, resulta en populista y genera falsas expectativas en los profesores que desde hace muchos años se encuentra contratados.
Indicó que, la ley recientemente aprobada, inclusive se encuentra en fase de reconsideración por parte de algunos congresistas, y que de ser aprobada no cuenta con la opinión favorable del actual Gobierno Nacional, que ya adelantó que lo observará, por lo cual deberá ser devuelta al Congreso, que en la próxima legislatura podría aprobarla por insistencia, pero entonces el Ministerio de Educación recurrirá al Tribunal Constitucional, que seguramente por su acercamiento al Legislativo, le daría la razón, hasta que finalmente pueda ser promulgada. A ello se suma el plazo de 60 días para la reglamentación de la ley, luego la designación de la comisión de evaluación y la implementación de la ley, que se efectuaría en el primer semestre de año 2024.
En conclusión, si la ley es aplicada en el año 2024, ya no se contarán con plazas o serán tan escasas, que la ley será conocida por generar falsas expectativas.
