Discordias entorno a dinero por venta de hidroeléctrica Chaglla

Fiscal Rafael Vela acusa intromisiones en el acuerdo de colaboración con Odebrecht y Procuraduría Anticorrupción denuncio penalmente a procurador ad hoc.

Estado contra Estado. La Procuraduría Anticorrupción a cargo de Amado Enco formuló una denuncia penal contra el procurador especial del caso Odebrecht, Jorge Ramírez, por la negociación del pago de la reparación civil en el marco de acuerdo de colaboración eficaz firmado con la empresa Odebrecht. Lo acusa de cometer negociación incompatible y omisión de actos funcionales.

Según la denuncia, el procurador Ramírez habría buscado beneficiar a Odebrecht desde su cargo, al permitir el fraccionamiento de la reparación civil y la devolución de S/ 524 millones en disputa por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

Pese a los buenos resultados que ha dado para la fiscalía, como acaban de confirmar en los últimos interrogatorios realizados en Sao Paulo, para la Procuraduría Anticorrupción, Ramírez habría “otorgado excesivos beneficios” a la constructora.

Como se recuera, Odebrecht vendió la central hidroeléctrica Chaglla al consorcio China Three Gorges, y el Estado le retuvo, en el Banco de la Nación, US$ 319 millones, equivalentes a S/ 1,050 millones, para asegurar el pago de la reparación civil. La cuenta es custodiada por el Ministerio de Justicia.

De la suma retenida, descontaron S/ 435 millones para pagar una deuda a la Sunat; S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera Chacas (Anchash); y otros S/ 80 millones, como pago de la primera cuota de la reparación pactada en S/610 millones.

El saldo que asciende a S/524 millones, según el acuerdo firmado por Fiscalía y Procuraduría adhoc, debe retornar a las cuentas de Odebrecht.

Para la procuraduría anticorrupción Ramírez habría “pactado irregularmente” la devolución de ese monto. Ese dinero, según la procuraduría, tiene la condición de intangible y está destinado exclusivamente al pago de la reparación civil a favor del Estado, por mandato de la Ley N°30737.

Atribuyen además al procurador Ramírez haber consentido la inaplicación de la Ley N°30737, creada para asegurar el pago de las reparaciones civiles y deudas tributarias de las empresas implicadas en actos de corrupción, sin considerar que Odebrecht y sus exfuncionarios tenían investigaciones y procesos judiciales pendientes.

FISCAL ACUSA INTROMISIÓN

El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que a la fiscalía le preocupan las intromisiones por lo estipulado en el acuerdo de colaboración Odebrecht, en lo referente a la devolución de S/ 524 millones.

Dijo que cualquier “divergencia o discusión” respecto a la ejecución de la sentencia tiene que ser resuelta dentro de la ley. “Nosotros estamos sometidos a la ley. En ese aspecto, sí nos preocupa la intromisión y la posibilidad de que, en términos de lo que debería ser una respuesta de carácter autónoma, esté sometida a turbulencias permanentes que nada de bien hacen porque esto es un asunto técnico”.

Vela aludía así a las recientes declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien dijo la semana pasada que el daño causado por Odebrecht al país es tan grande que “no correspondería” la devolución de ese dinero que solicitaron por la venta de Chaglla. “Puede que de acá a un corto tiempo, tengamos que cobrar alguna multa a esta empresa y ya no tengamos el recurso porque ya se lo entregamos”, refirió el mandatario.

Vela insistió en que confía en la “autonomía de los funcionarios del Ministerio de Justicia” ─sector del que depende la Procuraduría que ha denunciado a Ramírez─ a los que se les ha remitido un informe en el que se señala que la firma Odebrecht y sus filiales no tienen en este momento investigaciones o procesos en curso en etapa preparatoria fuera del acuerdo de colaboración eficaz.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

El procurador Amado Enco, sin embargo, precisa que su denuncia no busca la nulidad del Acuerdo de Colaboración y Beneficios,  dado que al encontrarse por el Poder Judicial tiene la calidad de cosa juzgada y debe ejecutarse en sus términos aprobados.

“Esa situación no impide que los responsables de haber negociado con los colaboradores eficaces de manera incompatible con los intereses del Estado o quienes hayan tenido el deber de garantizar su legalidad y proporcionalidad, deban responder por sus actuaciones ante las autoridades competentes”, refirió.

Lo que persigue la denuncia –refirió- es que el Ministerio Público investigue una evidente conducta de relevancia penal por parte del procurador Ramírez quien, en su condición de representante y responsable de la defensa jurídica de los intereses del Estado, participó en la negociación y firma del acuerdo en el extremo de la reparación civil.

“La lucha contra la corrupción debe ser encarada respetando la Ley y siempre ponderando los intereses del Estado por encima de cualquier otro interés privado. En esa tarea los procuradores no podemos abdicar en el cumplimiento de nuestro deber”, indica Amado Enco.

ALGO MAS +

La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato rechazó la denuncia presentada contra su titular, Jorge Ramírez Ramírez, por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht, presentada por la Procuraduría Anticorrupción.

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