En el 2020, la Contraloría General de la República identificó 81 funcionarios o servidores públicos con presuntas responsabilidades penales, civiles o administrativas en Huánuco. Teniendo en cuenta que cada uno puede tener más de una responsabilidad, 76 de ellos fueron señalados con presunta responsabilidad administrativa, 35 con responsabilidad civil y 8 con responsabilidad penal.
La entidad fiscalizadora da cuenta que realizó 794 servicios de control, de los cuales 707 son acciones de control simultáneo (136 visitas de control, 284 informes de control concurrente y 287 orientaciones de oficio) y 87 servicios de control posterior (2 auditorías financieras, 18 servicios de control específico a hechos con presunta responsabilidad y 67 informes de acción de oficio posterior).
Del mismo modo, y como producto de los servicios de control posterior, determinó 126 presuntas responsabilidades: 82 administrativas, 36 civiles y 8 penales.
Entre los informes emblemáticos del 2020, está, por ejemplo, el pago de incentivo único a funcionarios y servidores públicos de la Dirección Regional de Agricultura, durante el 2018, lo que generó un perjuicio de S/ 505 700. Del mismo modo, también en el 2018, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Huánuco transfirió fondos al Cafae para efectuar pagos de incentivo laboral adicional a funcionarios y servidores públicos sin corresponderles, lo que ocasionó un perjuicio de S/ 379 149.
Además, en la ejecución de la obra en la institución educativa n° 32271 de Andabamba, funcionarios de la municipalidad de Pillco Marca recibieron la construcción inconclusa y aplicaron una inexacta de penalidad, lo que generó un perjuicio de S/ 131 626.41.
