El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República (CGR) resolvió declarar infundado su recurso de apelación y confirmó para el ex gerente municipal de Huánuco, Clever Orlando Castañeda Ramón, la sanción de cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, por habérsele determinado responsabilidad administrativa funcional con infracción muy grave.
En la misma resolución, también confirman la inhabilitación para la función pública por tres años, para el ex sub gerente de Tesorería. Eugenio Toledo Barrueta; también por infracción muy grave en el ejercicio de sus funciones.
Con este fallo, el referido tribunal declara agotada la vía administrativa.
HECHO. En octubre del 2012 la Municipalidad de Huánuco adjudicó la buena pro para la elaboración del expediente y ejecución de ‘Ampliación y mejoramiento del mercado Mayorista de Puelles’, al Consorcio Huánuco por S/ 5’741,095, con un plazo de ejecución de 365 días.
El contratista, para garantizar la obra presenta dos cartas fianza correspondiente al 20% por adelanto directo y 10% por fiel cumplimiento, de la Caja Rural de Ahorro y crédito Señor de Luren. Pero, luego, solicita renovar dichas cartas fianza y presenta las emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Soluciones Ltda., que no se encuentra bajo la supervisión de la SBS.
Como el consorcio incumplió con iniciar la obra en la fecha señalada, la municipalidad resuelve el contrato el 14 de abril del 2014. Al ocurrir ello, la comuna provincial quiso ejecutar las cartas fianza, pero no pudo, porque no había respaldo legal toda vez que la Cooperativa Soluciones no está autorizada para ello.
Según el documento, Castañeda Ramón, quien era gerente municipal en ese entonces, actuó parcialmente en contra del Estado, al haber retenido por 16 días la carta fianza de la Caja Señor de Luren (garantía por adelanto directo), en lugar de darle trámite; imposibilitando la ejecución de la misma, y permitiendo que sea admitida la otra carta de Soluciones a pesar que era ilegal, causando con ello el perjuicio económico a la casa edil por S/1’524,695.56.l
En el caso de Toledo Barrueta, en su condición de subgerente de Tesorería aceptó la renovación de la garantía por las otras cartas fianzas que no cumplían los requisitos de ley, favoreciendo al referido consorcio.
ALGO MAS
CGR instauró procedimiento administrativo sancionador en julio del 2016, lo que concluyó con la Resolución N° 001-599 del 31 de julio del 2017, imponiendo 5 y 3 años de inhabilitación por faltas muy graves; decisión que fue apelada.
