Basado en la “Auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Huamalíes – encargos internos – periodo 2014”, la Contraloría General de la República resolvió iniciar procedimiento administrativo sancionador contra cinco ex funcionarios y servidores de la referida casa edil, planteando inhabilitación para ejercer cargo público entre 2 a 5 años.
Los cinco procesados son acusados de que en el 2014, por la modalidad de encargos internos efectuaron pagos por adquisiciones de terrenos hasta por 282 mil 550 soles, afectando la transparencia y legalidad con la que deben regirse las contrataciones del Estado; hechos que son considerados muy graves sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría.
Se trata de los ex gerentes municipales José Antonio Muñoz Cárdenas y Alfredo Ronald Espinoza Fonseca; así como contra los servidores Nestor Alejandro Aguirre Daza, Victoriano Marciano Fonseca Quispe y Lidu Moisés Estacio Mallqui, para quienes el órgano de control plantea sanciones de inhabilitación no menor de dos años ni mayor de 5 años.
Según los documentos, determinaron que los pagos por “encargos internos” no correspondían a dicha modalidad, por haberse efectuado a personas particulares sin vínculo laboral con la entidad, además por superar el tope de las 10 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y fueron destinados para compras de terrenos.
Una de los pagos irregulares fue la adquisición de 581.67 m2. de terreno al ciudadano Manuel Rojas Mendoza, para reponer las áreas afectadas por la apertura de la calle Jr. Progreso en la ciudad de Llata, pagando S/ 46 533, ante que el acuerdo de concejo sobre el particular, sea aprobado por resolución de alcaldía.
Otro de los pagos cuestionados es a la pobladora Annehseila Rivera Zelaya, por la compra de 702.11 m2. de terreno adyacente al área en donde se construye el hospital de Llata, por la suma de 172 mil 16 soles, monto que sobrepasa las 10 UIT, por lo tanto contraviniendo normas y directivas sobre el particular.
El siguiente desembolso de 20 mil soles, materia de la auditoria es a favor de Wilmer Calixto Trujillo, por la afectación de su propiedad en el AA.HH. Juan Moreno, con la construcción de un reservorio de agua. Un cuarto caso es el pago de 42 mil soles a la familia Alvarado Rubina, igualmente, por afectación de su terreno y sembríos con trabajos en la construcción de una carretera.
ALGO MAS
La Resolución fue emitida el 11 de enero de este año, en el mismo que señalan que una vez notificados los procesados tenían diez días para hacer sus descargos respectivos, a fin de determinar la responsabilidad en los hechos señalados.
