El Gobierno Regional de Huánuco ha resuelto dar por concluida la designación del abogado Jorge Alexis Palma Fuentes, en el cargo de director de la Oficina Regional de Gestión de Conflictos Sociales, por no haber acreditado que su grado académico se encuentra registrado en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
En la resolución se indica que, en atención al Informe de Visita de Control N° 021-2023-OCI/5339-SV, efectuado por la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional, es que la directora de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, emitió un informe en el que determina que esta es una causal insubsanable que deriva en dar por concluida la designación del referido funcionario.
Al respecto es necesario recordar que es OCI el que está detectando esta irregularidad, cuando la revisión de los requisitos es una obligación de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, que le hace incurrir en error al gobernador regional que es el que firma las designaciones.
Palma Fuentes, quien se desempeñó como fiscal en Ucayali y juez en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, ocupó antes el cargo de director de asesoría jurídica del Gobierno Regional Huánuco en el periodo de Luis Picón.
SUBGERENTE. Por otro lado, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 566-2023-GRH/GR, de fecha 1 de setiembre, publicada esta semana en la página web del Gobierno Regional de Huánuco, han resuelto dar por concluido la designación del ingeniero David Caqui Acosta, como Subgerente de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Esto significa que se aleja de la gestión regional, quien era miembro del comité de selección del proyecto “Creación de servicio de provisión de agua para riego 12 localidades del distrito de Huacrachuco – provincia de Marañón – departamento de Huánuco”.
De esta manera, este funcionario es retirado del Gobierno Regional, después que el Órgano de Control Institucional notificase en el Informe de Control N° 018 del 4 de julio, que, en la evaluación realizada a los participantes de la licitación pública, el comité de selección había incurrido en graves errores que favorecieron al Consorcio New Rain a quien adjudicaron la obra por 52 millones de soles.
Coincidentemente el Consorcio New Rain, se había consorciado el año 2022, con una empresa del hermano del gobernador regional en una obra que se ejecutó hasta el presente año en el departamento de Ucayali.
Se recuerda que el escándalo fue de tal magnitud, que finalmente el gobernador regional Antonio Pulgar se vio obligado a anular la licitación del referido proyecto, y hasta ahora no se vuelve a convocar la licitación que exige la población de la provincia de Marañón.
