La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco identificó que los siete distritos de Ambo, tres distritos en Huacaybamba, 10 distritos en Huamalíes y seis en Lauricocha, no han presentado sus respectivos planes de acción de seguridad ciudadana 2023, situación que crea incertidumbre sobre la ejecución de actividades para este año para enfrentar la problemática de la delincuencia.
En efecto, según la información proporcionada por la Secretaria Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Huánuco, estos municipios no contarían con información necesaria que les permita contar con diagnósticos situacionales que les permita diseñar acciones concretas en la prevención o atención de la inseguridad ciudadana.
Ante ello, se recomendó a estas municipalidades elaborar el referido plan, al haberse identificado el manifiesto peligro de afectación al derecho a la seguridad ciudadana y derechos inherentes de la población de estos distritos. De igual forma, se resaltó que para ello es importante la asistencia técnica que debe brindar el equipo de implementación, monitoreo y supervisión de políticas de la dirección de ejecución de políticas de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior.
Cabe indicar que, según el Inei, entre octubre y diciembre de 2022, el departamento de Huánuco registró 3140 denuncias por comisión de delitos, siendo el 53.8 % contra el patrimonio; 16.9 % contra la seguridad pública; 14.7 % contra la vida, el cuerpo y la salud; 10.1 % contra la libertad; y 4.5 % otros.
“Actualmente, la seguridad ciudadana constituye una de las principales demandas de la población, debido a la alta sensación de inseguridad, ocasionada por la criminalidad y violencia que a diario se evidencia, lo cual necesita ser combatido por los gobiernos locales, en línea a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley n° 27933”, precisó la jefa de la Oficina Defensorial de Huánuco Lizbeth Yllanes.
Además, recordó que, de acuerdo al reglamento de la Ley n.° 27933, los comités de seguridad ciudadana provinciales y distritales tienen la obligación de realizar consultas públicas, con el fin de informar a la población sobre la ejecución de sus políticas y de dichos planes, así como de la gestión presupuestal.
