Para el 8 de noviembre a las 4:40 p.m. está programado el control de acusación del caso del parque Puelles, en el que están involucrados del exalcalde de Huánuco, Jesús Giles Alipázaga, su entonces primer regidor Clever Zevallos Fretel y otras 24 personas, entre exconcejales y exfuncionarios municipales, por el delito de negociación incompatible.
La audiencia estará a cargo del juez Anticorrupción Elmer Contreras Campos, quien atenderá el caso investigado por el titular del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Virgilio Carrión Cabrera.
Como informamos, luego de cuatro años de investigación, el fiscal Carrión Cabrera, formuló acusación en contra Giles Alipázaga, Zevallos Fretel y otras 24 personas, entre exregidores y exfuncionarios municipales, por otorgar de manera irregular el parque Puelles por 70 años a favor de la empresa Urbi Propiedades S.A., en cuyo lugar se edificó el centro comercial Real Plaza.
La acusación, como presuntos autores del delito, además de Giles y Zevallos, es contra los exfuncionarios municipales Emilio Ruiz Moncada, Vlamir Cruz Picón, Kevin Dueñas Carbajal, Franco Liyanaje Alva, Dante Salas Castro, Clever Castañeda Ramón, Edilberto Ramón Álvarez, Javier Dávila Figueroa, Tomislavo Zécevich Acosta, Napoleón Huere Rosas y Ivan Nuñez Barboza.
Además, están incluidos los exconcejales Cecinio Rojs Salcedo, Gustavo Barrera Sulca, Ricardo Morales Rosales, Oscar Ortiz de Zevallos Triveño, Elena Patricia Follegate Runco, Jorge Pimentel y Wong, César Gonzáles Soto, Carlos Malpartida Márquez, Alicia Espinoza Rojas, Juan Ollague Rojas, Joel Arteaga Calixto y Cecilia Ríos Salazar.
También, el representante de Urbi Propiedades, Carlos Alberto Cosabonne Stoessel, comprendido como presunto cómplice primario.
Para todos, el fiscal está solicitando cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad e inhabilitación por dos años. Giles y Zevallos están con medida coercitiva de comparecencia con restricciones a razón de una resolución judicial del 4 de octubre 2014; el resto tiene comparecencia simple.
IMPUTACIÓN
Se atribuye a los acusados en su condición de alcalde, regidores, gerentes e integrantes del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada de la provincia de Huánuco (CEPRI), de haberse interesado indebidamente y de manera directa en el proceso desarrollado por la Municipalidad de Huánuco ante la iniciativa de inversión presentada por Urbi Propiedades, interés que se materializó con la emisión de los actos administrativos para favorecer a la empresa que ejecutó en el parque Puelles, el proyecto “Centro Comercial y de Esparcimiento Huánuco”, lo que es ahora el Real Plaza.
El documento fiscal señala que adjudicaron directamente la iniciativa privada sin realizar ninguna negociación previa respecto a las condiciones, sin que haya sido elaborado por el CEPRI, ni aprobado por acuerdo de Concejo; estableciéndose requisitos técnicos sin justificación en agravio de la comuna provincial y el Estado.
HECHOS
Según el documento, a fines del 2010, antes que ingrese el proyecto del centro comercial, Giles y Zevallos, convocaron a todos sus gerentes para comunicarles que Urbi Propiedades iba presentar una iniciativa privada y que ningún informe que solicite debía salir en su contra, incluso ambos acusados sometieron a votación para conocer si alguien estaba en contra. “Lo que demuestra el interés indebido por parte de la máxima autoridad, para que salga favorecida la empresa”, refiere el escrito.
Recuerda que tal como estaba advertido, el 3 de diciembre del 2010, Cosabonne Stoessel, ingresó el proyecto del “Centro Comercial y de Esparcimiento Huánuco Puelles”, consistente en la construcción de un centro comercial en un terreno de 41,000m2. Urbi presentó su iniciativa, para que mediante un contrato se le conceda un terreno de la Municipalidad de Huánuco (parque Puelles), por un plazo de 70 años, a cuyo vencimiento se revertiría a título gratuito a favor de la comuna provincial.
En ese marco, los acusados emitieron con pleno conocimiento, todos los actos administrativos favorables, como el hecho de cambiar de uso al parque, para que se adjudique directamente el proyecto de Urbi Propiedades, sin promover ninguna negociación de las condiciones.
ALGO +
Registros Públicos habría observados que inscribieron el contrato de adjudicación cuando el parque era tal, no tenía aún el cambio de uso. Además, no habrían solicitado permiso a la Superintendencia de Bienes Nacionales
