
Entre las 29 personas para quienes la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huánuco está solicitando la medida coercitiva de prisión preventiva por 36 meses, están Victoria Maribel Villon Susanibar (52) y su hija Stefhany Lilibeth Lázaro Villon (27), quienes serían las gestoras, administrativas y testaferras de Juan Romel Alvarado Loarte. En la audiencia del 24 de abril y ayer, el fiscal Miguel Rojas Mayta expuso los argumentos del porque ambas deberían afrontar la investigación de organización criminal y colusión agravada en la cárcel.
En los casi tres años de investigación a los presuntos integrantes de la organización criminal “Los negociadores de la Región” la policía y fiscalía pudo determinar que Victoria Villon fue representante legal del consorcio León Pampa Huallaga que ejecutó varias obras, entre las que está la “Ampliación de los servicios de Educación Secundaria de la Institución Educativa n° 33134 del centro poblado de Guellgash, distrito de Churubamba”.
Villon Susanibar, quien en su auto defensa dijo que acepto ser representante legal del consorcio porque necesitaba trabajar, en agosto del 2019 constituyó y desempeñó el cargo de gerente general de la empresa Consultora y Constructora Villons EIRL con RUC 20605153071con domicilio fiscal en Mz-D, Lt-30 Asc. De Prop. Jardines de Copac, en Puente Piedra, Lima con actividad principal construcción de edificios y como actividad secundaria la venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipos y materiales de fontanería y calefacción.
Pese que negó integrar la presunta organización criminal, el fiscal al sustentar sus alegatos de prisión preventiva leyó conversaciones de Victoria o Vicky con Romel Alvarado apodado en la investigación como “Satanás”, quien le daba instrucciones para la compra de materiales para la obra en Guellgash. En la comunicación del 17 de febrero del 2021, Romel pregunta si ya había visto su cuenta en el banco, porque, al día siguiente debe ir a retirar y pagar a la gente de la obra.
Asimismo, la fiscalía sindica a Stefhany Lilibeth de ser testaferra por haber prestado el nombre de su empresa Inversiones Goldie EIRL para contratar con el Gobierno Regional de Huánuco, simuló ser representante legal común del Consorcio Educativo Guelgash y desempeñaba labores de recepción, administración y disposición del dinero que trasfería el GRH por concepto de pagos.
Al momento de hacer uso de su autodefensa, madre e hija pidieron afrontar la investigación en libertad.
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Hoy cumple dos meses del mega operativo ‘Tayta 2023’, donde 33 personas fueron detenidas por integrar la presunta organización criminal “Los Negociadores de la Región”.