A siete años y once días que el Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio Supraprovincial de Huánuco emitió la sentencia número 184, ayer, el juez Jhon Fisher Díaz Pozo del Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial Ambo, ejecutó de manera parcial la diligencia de lanzamiento de 39 mil metros cuadrados de terrenos ubicados en el fundo María Teresa de propiedad de la familia Verastegui Ponce.
Como estaba programada a las 9:00 de la mañana llegó al lugar el juez junto al fiscal Félix Arbieto Leiva de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, para ejecutar la orden de desalojo de 39 mil metros cuadrados que en el 2008 fueron invadidos y a la fecha existen construcciones de viviendas de material rústico y noble. El área en cuestión también incluye la zona de venta de abonos, cuyos techos de calaminas si fueron destruidos por la maquinaria pesada contratada por Rosa Luz Verastegui Ponce.
A la diligencia acudieron 550 policías de las diferentes unidades de la Región Policial Huánuco, pero según quedó plasmado en el acta de intervención, el representante del Ministerio Público informó que el área a recuperarse es de 39 mil metros cuadrados y en el cual existen un promedio de 350 casas y por cada vivienda requieren diez policías y al ser insuficiente, la diligencia judicial de lanzamiento tuvo que suspenderse hasta que los peritos ingenieros señalen el área que pertenece al fundo María Teresa-zona Puelles, esto debido los predios invadidos también pertenecen a la Diócesis de Huánuco y la comunidad campesina Ramón Castilla 10-A.
Por su parte, las personas que construyeron sus casas en los predios privados quieren conciliar con la señora Rosa Luz Verastegui esto con la finalidad de que nos los saquen del lugar, donde viven hace 14 años y no tienen donde vivir. “Queremos que nos venda su terreno, porque no tenemos a donde ir a vivir con nuestros hijos”, dijo un de las invasoras.
CASO. Según la acusación del Ministerio Público, el 8 de octubre del 2008 a las 4:30 de la madrugada más de 30 hectáreas de terreno fue invadida por más de cien personas, entre las que estaba Grover Placido Trinidad y Edgar Toribio Valentín. La invasión a los predios del Fundo María Teresa Parque Puelles en la jurisdicción del distrito y provincia de Huánuco de propiedad de Rosa Ponce de Ingunza, Diócesis de Huánuco y la comunidad campesina Ramón Castilla, fue dirigida por Erlinda Ureta Falcón (presidenta de la invasión de Puelles) y Vilma Elena Rupay Aguilar.
Erlinda Ureta, fue quien empadronó a los usurpadores previo pago de once soles, que supuestamente eran para realizar los documentos y los nombres de las personas que pagaron estaba en un cuaderno amarillo marca Loro que, la policía logró incautar el mismo día que los desalojaron del predio. Los usurpadores pusieron resistencia y decidieron enfrentarse con palos, piedras, armas hechizas a los policías que llegaron para sacarlos del predio privado y producto del enfrentamiento, varios agentes del orden terminaron con lesiones en el hospital Hermilio Valdizán.
En su oportunidad, Rosa Ponce, declaró ante la policía y fiscalía que tenía todos los documentos en regla, como son título de propiedad, pagos realizados por concepto de auto valúo. “Soy propietaria de dicho terreno desde el año 1970 donde tengo una fábrica de ladrillos, asimismo, soy posesionaria desde 1970, pero en el año 1985 fue inscrito en los Registros Públicos obteniendo título de propiedad”, dijo en su oportunidad.
Asimismo, informó que las 30 hectáreas de terreno que ahora están invadidas las obtuvo mediante un denuncio minero de concesión no metálica de material de construcción María Teresa, por lo que fue cercado con alambres de púas y palos, las cuales fueron destruidos por los invasores.
En el presente caso, Edgar Toribio fue sentenciado a dos años de cárcel y al pago de 500 soles por reparación civil tras ser hallado culpable del delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada. Desde el 2015 hasta el año pasado, el usurpador intentó por todos los medios legales revertir la condena, pero fue denegada. Asimismo, pidió la designación de dos peritos ingenieros civiles para delimitar los 39 mil metros cuadrados del fundo María Teresa en Puelles y emitan el informe pericial para determinar el área afectado.
En la reciente resolución número 277 emitida el 19 de julio del 2022, el juez Fisher Díaz, reprogramó la audiencia de lanzamiento para el 22 de agosto a las 9:00 de la mañana. Asimismo, requirió a los peritos ingenieros Alejandro Siu Trujillo, Ricardo Martin Chávez Asencio, Mirko Cuyubamba Quiroz para que acudan al fundo María Teresa, zona de Puelles y realicen la delimitación de la zona invadida.
Algo +
El 50% de los propietarios de abono orgánico que vendían en la zona retiraron de manera voluntaria y en cinco días hábiles lo realizaran en su totalidad.
