Dennis Rusell Reyes Ochoa es la octava persona que afrontará la investigación de organización criminal en libertad, luego que la jueza Merari Trujillo Padilla del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses planteada por el cuarto despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra 29 ciudadanos.
En la lectura de la resolución número 82, la magistrada dijo que la interceptación de sus comunicaciones denota que el investigado (Dennis Rusell) coordinaba con Elmer Guido Enrique Osorio, pareja y padre de los hijos de Shayla Luicho Romero, sindicada por la policía de ser jefe del tercer grupo que integra la organización criminal “Los Negociadores de la Región”. La concertación estaba relacionada a obtener contratos de consultoría para la elaboración y reformulación de expedientes técnicos de proyectos de obra en Churubamba y Conchamarca.
También hizo referencia al día de la detención ocurrida la madrugada del 27 de febrero, donde los policías que incursionaron en su casa ubicada en Amarilis encontraron 29 sellos que sería de su trabajo como asistente. “En cuanto a la organización criminal no hemos advertido una imputación concreta de integrar la misma, si bien, la fiscalía ha oralizado las comunicaciones que ha sostenido con Elmer, pero cuál sería el rol que cumplió dicho ciudadano, no está claro si es testaferro o la persona que colabora”, explicó.
Recalcó que debe establecerse con claridad cuál es rol que Dennis Reyes Ochoa cumplió dentro de la organización criminal, porque, es su derecho a los cargos que la fiscalía está imputando. “Moralmente no podemos tolerar que un ciudadano vaya a negociar, pida obras y paga por ellas. Él trabaja como cualquier empresario, pero todo ya está direccionado a favor de sus intereses a cambio de coima, pero debe estar claro para saber con quién concertó si es con el alcalde, con Elmer o con los miembros de la comisión”, dijo.
Con relación a la imputación de colusión simple, hizo referencia a la prognosis de pena que no es superior a los cuatro años, más aún si dicho ciudadano no es reincidente, por lo que era imposible dictar la prisión preventiva por no cumplir de manera copulativa los presupuestos que exige el Código Procesal Penal. Sobre la imputación de organización criminal, refirió que debe existir actos de investigación que vinculan con alta probabilidad, por lo que advirtió que el Ministerio Público no fue muy claro en su sustentación.
Aclaró que, con la finalidad de someterlo al proceso, debe pagar una caución como garantía y como regla de conducta está prohibido de comunicarse con los otros investigados. “Al no acreditar los demás presupuestos que nos exige la norma y como proporcionalidad de la medida es idónea una comparecencia con restricciones”, refirió la jueza especializada en delitos de corrupción.
OTROS. Los otros investigados para quienes la jueza dispuso comparecencia con restricciones son: Roberto Jesús Mendoza Escobal y Emilio Félix Velásquez Vásquez, quienes pese a la decisión continúan detenidos en la carceleta judicial, esto debido que la magistrada aún no resuelve el pedido de prisión preventiva para los que integran el tercer grupo liderado por Shayla, entre las que está el ex gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar.
Los investigados que ya recobraron su libertad son: Graciela Alcedo Guillermo, Diego Quispe Bermeño y Fernando Tucto Echevarría, mientras que Fernando II Morales Meza y Franklin Castillo Aquino al momento que resolvieron a su favor, ellos estaban en calidad de libres.
ALGO +
Hoy desde las 9:00 de la mañana, la jueza debe resolver el pedido de prisión preventiva del contador Juan Carlos Campos Albornoz, presunto colaborador de “Los Negociadores de la Región”.
