La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, a cargo del fiscal César Gonzales Ramos, dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 120 días contra el gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas, y el alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara Gallardo, por presuntas irregularidades cometidas en la intervención de la emblemática Laguna Viña del Río.
La Disposición N.° 01, emitida el pasado 21 de julio, alcanza también a Daniel Mallqui (gerente regional de Infraestructura) y a José Medina Vargas (subgerente de Obras), quienes son investigados por la presunta comisión del delito ambiental de Alteración del Ambiente o Paisaje.
En tanto, Marco Díaz Rodríguez, gerente de Infraestructura y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huánuco, fue comprendido por la presunta comisión del delito de Responsabilidad de Funcionario Público por Negligencia Inexcusable.
El origen de las investigaciones se remonta a la instalación de un cerco perimétrico en el marco del proyecto “Mejoramiento del servicio de espacios públicos urbanos en la laguna Viña del Río”. Según el Ministerio Público, dicha intervención se habría ejecutado sin contar con la certificación ambiental aprobada ni con la licencia municipal expresa, sumado a que el expediente técnico de la obra se encuentra todavía en trámite.
De acuerdo con las consideraciones del documento fiscal, la delimitación fue colocada durante la madrugada del sábado 18 de julio por personas vinculadas al Sindicato de Construcción Civil de Huánuco, presuntamente bajo órdenes de la autoridad regional y sin notificación oficial. Señala que en la constatación policial no se observaron paneles informativos ni trabajos propios de ejecución de obra —como tala, poda de árboles o remoción de terreno—, limitándose al cierre del perímetro.
“Aunque el 17 de noviembre de 2025 la Municipalidad Provincial de Huánuco otorgó al Gobierno Regional el Acta de Libre Disponibilidad de Terreno para elaborar el expediente técnico y ejecutar el proyecto, el gerente municipal de Infraestructura declaró durante la diligencia del lunes 20 de julio que la comuna no emitió permiso ni licencia para el levantamiento del cerco”.
El fiscal ordenó notificar a los aludidos: así como solicitó informes técnicos especializados al OEFA, Ministerio del Ambiente y al Equipo Forense en Materia Ambiental (EFOMA) del Ministerio Público.
