La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán, sostuvo que la investigación sumaria del Congreso a los siete miembros de dicho organismo generaría impunidad y sería grave para el país.
El pleno del Congreso aprobó encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria, en plazo máximo de 14 días hábiles, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por causa grave, la cual podría determinar la remoción total del colegiado.
Les atribuye las siguientes faltas: emitir pronunciamiento sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos Rivera; supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; interpretación del numeral 3) del artículo 156 de la Constitución Política del Perú sobre el límite legal de edad para el acceso a la JNJ y no cumplir con presentar el informe anual ante el pleno del Congreso.
Tumialán pide que el proceso de investigación se dé con las garantías mínimas de ser escuchados y se les permita presentar los argumentos y documentación para defenderse, pues consideran que las imputaciones formuladas carecen de fundamento.
“Por ser una institución que en este tiempo que ha venido trabajando ha demostrado que ha roto toda la corrupción, y lo que generaría esto (la decisión del Congreso) sería impunidad y eso es demasiado grave para el país”, señaló.
“Se buscaría la impunidad, porque la Junta selecciona a los jueces y fiscales de todo el país, y porque también designa al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación (Reniec)”, precisó Imelda Tumialán.
En otro momento, indicó que apelarán a todos los mecanismos de protección de derechos tanto a nivel nacional como internacional, ante instituciones como el Tribunal Constitucional, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Relatoría Especializada en Independencia Judicial de las Naciones Unidas.
“Como JNJ tenemos claro que esto es un quiebre al orden constitucional. Por qué, porque somos una institución constitucional autónoma que fue creada después de una reforma constitucional con referéndum de alta votación, y que en este tiempo que tenemos en el cargo hemos dado muestras suficientes de un trabajo transparente”, remarcó.
Indicó que van a cumplir con la constitución y la norma, que se sujetan a la investigación y serán los primeros en pedir que se les escuche.
