El Poder Judicial oficializó la nulidad del auto de enjuiciamiento contra Keiko Fujimori y otros implicados en el caso «Cócteles», lo que allana el camino para que se active el nuevo requerimiento fiscal que solicita 35 años de prisión y 730 días de multa contra la lideresa de Fuerza Popular.
La decisión fue adoptada por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en noviembre de 2024, que ordenó anular el proceso anterior por vicios procesales. En consecuencia, se retrotrae el caso a la etapa intermedia, permitiendo que el Ministerio Público presente una nueva acusación, la cual ya ha sido formulada por el fiscal José Domingo Pérez.
¿De qué se le acusa? El Equipo Especial Lava Jato imputa a Fujimori los delitos de: Lavado de activos agravado en organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica
Los cargos están relacionados con el presunto financiamiento irregular de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que habría recibido aportes ilícitos, entre ellos de la constructora brasileña Odebrecht, ocultos bajo la fachada de eventos sociales como cócteles y rifas.
La acusación también alcanza a exdirigentes fujimoristas como: Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Pier Figari, Ana Rosa Herz, Mark Vito Villanella (exesposo de Fujimori), y a las personas jurídicas: Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C.
La defensa de Fujimori, encabezada por la abogada Giulliana Loza, calificó la nueva acusación como “carente de objetividad” y “presentada al margen de la ley”. Aseguró que se opondrán al requerimiento y cuestionó que el proceso se reactive en un contexto preelectoral, insinuando motivaciones políticas detrás de la actuación fiscal.
Por su parte, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, afirmó que la nueva acusación responde estrictamente al cumplimiento de los mandatos del Tribunal Constitucional y que el Ministerio Público ya ha cumplido con su parte. Ahora queda en manos del Poder Judicial decidir si admite la acusación y convoca a audiencia.
