El Gobierno oficializó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que se constituirá como ente rector del sistema penitenciario bajo una nueva estructura y organización. La medida fue establecida mediante el Decreto Legislativo 1710, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
La Sunir tendrá como finalidad reducir las condiciones estructurales que favorecen la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la violencia institucional. Asimismo, buscará garantizar el control efectivo, la seguridad, la protección de derechos y los procesos de resocialización y reinserción social de la población penitenciaria y de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
De acuerdo con la norma, la Sunir será un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, funcional y financiera. Además, se constituye como un pliego presupuestal.
En las disposiciones complementarias finales, se establece la fusión por absorción del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres), siendo la Sunir la entidad absorbente.
Comisión de Transferencia La norma dispone que en un plazo de 10 días hábiles se cree, mediante resolución ministerial del Minjusdh, la Comisión de Transferencia encargada de coordinar y ejecutar el proceso de fusión. Esta comisión tendrá a su cargo la transferencia de bienes muebles e inmuebles, recursos humanos, financieros, acervo documentario, derechos, obligaciones, convenios y contratos, pasivos y activos, entre otros.
El proceso de fusión deberá concluir en un plazo de 90 días hábiles desde la constitución de la Comisión de Transferencia, con posibilidad de prórroga única de hasta 30 días calendario mediante resolución ministerial.
El Decreto Legislativo 1710 lleva la firma del presidente de la República, José Jerí; del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.
