La crisis política en Venezuela se agudiza tras la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato como presidente. Estados Unidos ha respondido con una serie de contundentes, calificando la investidura como ilegítima y aumentando la recompensa por información que conduzca medidas a la captura de Maduro, elevándola a 25 millones de dólares.
En un comunicado oficial, el gobierno estadounidense condenó lo que demostró un «intento desesperado» de Maduro por mantenerse en el poder, argumentando que las elecciones presidenciales de 2024 fueron fraudulentas. Según el Departamento de Estado, el presidente legítimamente electo, Edmundo González Urrutia, debe asumir el cargo para iniciar una transición democrática.
Además, se anunciaron acciones para sancionar a los principales aliados de Maduro. Las ofertas de recompensa también incluyen 15 millones de dólares por información sobre el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el incremento de sanciones a funcionarios vinculados al régimen. Desde marzo de 2020, estos líderes se enfrentan a la confrontación por narcotráfico, y hasta la fecha, casi 2.000 personas afines al gobierno de Maduro han recibido restricciones de visa.
Paralelamente, el Departamento del Tesoro también sancionó a ocho funcionarios relacionados con actos represivos y el apoyo al mandato ilegítimo de Maduro, mientras que la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido se sumaron a estas, reforzando un frente internacional contra el régimen venezolano.
