Preocupa caso de Obrainsa que construye el hospital regional

Entre las empresas investigadas por corrupción en el denominado “Club de la Construcción”, aparece Obrainsa que forma parte del consorcio (Obrainsa – Joca), encargado de ejecutar la construcción del nuevo hospital regional de Huánuco. El representante legal de dicha empresa, Elard Paul Alejandro Tejeda Mosco, está con orden de captura.

El hecho es de preocupación para Huánuco, porque podría repercutir en la construcción del hospital regional paralizada actualmente. “Podría paralziarse la obra y eso si que será un gran problema”, dijo la congresista Karina Beteta.

Comentó que lamentablemente las autoridades regionales han esperado demasiado tiempo para ejecutar la obra. Fue licitada en el 2014, Obrainsa resultó ganador. Pasaron más de tres años y a la fecha solo derivaron la antigua construcción.

“Cuando se intervienen a esas empresas, se les retiene las cuentas, hay embargos, las empresas entran en crisis y toda obra que está en ejecución se paraliza”, expresó la parlamentaria, al manifestar su preocupación por el tema..

La vicegobernadora regional también expresó su inquietud por el riesgo que la obra podria continuar paralizada. “El temor es la repercusión que habría, no queremos que eso ocurra”, dijo.

Por su parte, el gerente del Gobierno Regional de Huánuco, Gustavo Alvarado, aún o quiso pronunciarse señalando que no tenía mayor información. Ofreció para hoy tener un análisis sobre el particular.

INTERVENCIÓN. El pasado viernes, el primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso el allanamiento de 42 inmuebles en diversos distritos de Lima, por solicitud del Ministerio Público que investiga al denominado “Club de la Construcción”.

Según la Fiscalía, este cártel está formado por las más importantes empresas constructoras que trabajan en nuestro país, los mismos que entre el 2011 y 2014, se habrían beneficiado vía acuerdos ilegales y licitaciones fraudulentas, de contratos de diversas obras públicas licitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional.

En el caso están involucrados 17 personas, entre empresarios, lobistas y ex funcionarios.

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