En el marco de la campaña: “Sácale Tarjeta Roja a la Violencia” que promueve el sector Educación con el objetivo de sensibilizar y fortalecer a la comunidad respecto a la problemática social de la violencia en el entorno educativo; la responsable del área de Convivencia Escolar de la Dirección Regional de Educación, psicóloga Pilar Berna Ventura, dio a conocer que Leoncio Prado, Puerto Inca y Huánuco son las tres provincias que registran mayor incidencia de violencia física, psicológica y sexual.
Refirió que en lo que va del año han registrado 100 casos de violencia escolar entre menores de 12 y 16 años; una cifra bastante alarmante en comparación a otros años.
La funcionaria manifestó que desde el Ministerio de Educación vienen trabajando con el programa 90002, denominado: ‘Fortalecimiento de la convivencia escolar prevención y atención de la violencia’. En este programa cuentan con especialistas de convivencia escolar en la Dirección Regional de Educación y también en las once Ugel, quienes tienen a cargo los casos reportados a través de la aplicación virtual SiSeve.
Detalló que la resolución ministerial 274-2021 brinda los protocolos de atención a nivel nacional, los pasos a seguir, como comunicar a los padres o denunciar ante la fiscalía y policía. “Hasta la fecha tenemos un 95% de casos atendidos en su oportunidad y se trabaja de manera confidencial, sin exponer los datos de los menores; de lo contrario se genera otra situación de violencia como la revictimización”, concluyó la funcionaria.
Según el Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe), del Ministerio de Educación, hasta fines de abril, en todo el país han reportado 874 casos de violencia contra estudiantes de colegios públicos y privados. Del total, 163 son de tipo sexual, lo que incluye tocamientos indebidos, acoso, comentarios de connotación sexual o violación; otras 322 denuncias son de carácter psicológico, como amenazas o burlas; mientras que 389 serían agresiones físicas, así no hayan generado lesiones.
Además, registró que casi la mitad de los presuntos agresores son docentes y administrativos (384); mientras que el resto son escolares (490).
