Procuraduría Anticorrupción solicita US$ 25.5 millones de reparación civil en el caso parque Puelles

Con la presencia de todos los imputados, ayer fue desarrollada la audiencia de control de acusación del caso del parque Puelles, en el que están involucrados 26 personas encabezadas por el exalcalde de Huánuco, Jesús Giles Alipázaga, como presuntos autores de la comisión del delito de negociación incompatible al entregar en cesión de uso el lugar por 70 años a la empresa Urbi Propiedades S.A. para la construcción del Real Plaza.

Para todos, el fiscal Iván Carrión, quien ayer sustentó su acusación, está solicitando cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad e inhabilitación por dos años; hecho que ya fue dado a conocer en más de una oportunidad.

La sorpresa, ayer, fue dada por la procuradora Anticorrupción, Krupskaia Beraún, quien sustentó su pedido para que los imputados en forma solidaria paguen una reparación civil de 25 millones 536 mil 484.79 dólares americanos a favor de la Municipalidad de Huánuco y el Estado por los daños y perjuicios ocasionados.

REPARACIÓN CIVIL

Tras reiterar la acusación fiscal contra los imputados, la procuradora Krupskaia Beraún, sustentó su solicitud de reparación civil basado en un informe pericial sobre el contrato firmado entre la Municipalidad Provincial de Huánuco representado en ese entonces por el alcalde Jesús Giles y la empresa Urbi Propiedades, representado por Carlos Alberto Cosabonne Stoessel .

Antes, dijo que este caso es considerado por la Procuraduría Anticorrupción como uno de los casos más escandalosos, toda vez que hay una total desventaja del Estado frente a la empresa privada, ya que fue entregado un bien público por 70 años sin ninguna reciprocidad entre las partes.

Refirió que según el informe, el arrendamiento mensual por metro cuadrado fue valorizado en 4.5 dólares, por lo que por los 23 975.76 m2 de área total del predio ocupado (sin el parque), la suma por el uso ascendería a 107 mil 890 dólares mensuales, lo que al año hacen Un millón 294 mil  685.64 dólares.

A ese monto se suman los reajustes del 3% cada cinco años y una tasa de descuento del 6% al valor presente por el uso del terreno durante los 70 años por derecho de superficie.

En suma, el valor de uso del predio por los 70 años ascendería a 24 millones 586 mil 531.78 dólares, al que se debe descontar la única retribución de la empresa Urbi Propiedades que es el mantenimiento del parque, equivalente a 3 millones 50 mil 46 dólares.

“Se hizo un contrato desfavorable en perjuicio de la municipalidad de Huánuco y el Estado”, dijo Beraún, para luego señalar que el daño patrimonial asciende a 21 millones 536 mil 484.79 dólares, al que debe sumarse el daño extrapatrimonial de 4 millones, toda vez que al pasar de los años el bien ira perdiendo su valor; suma que los procesados tendrían que pagar en forma solidaria como reparación civil si es que los hallan responsables del delito acusado.

ACUSADOS E IMPUTACIÓN

Los implicados en el proceso, además de Giles, están los exfuncionarios municipales Emilio Ruiz Moncada, Vlamir Cruz Picón, Kevin Dueñas Carbajal, Franco Liyanaje Alva, Dante Salas Castro, Clever Castañeda Ramón, Edilberto Ramón Álvarez, Javier Dávila Figueroa, Tomislavo Zécevich Acosta, Napoleón Huere Rosas y Ivan Nuñez Barboza.

También los exconcejales Clever Zevallos Fretel, Cecinio Rojas Salcedo, Gustavo Barrera Sulca, Ricardo Morales Rosales, Oscar Ortiz de Zevallos Triveño, Elena Patricia Follegate Runco, Jorge Pimentel y Wong, César Gonzáles Soto, Carlos Malpartida Márquez, Alicia Espinoza Rojas, Juan Ollague Rojas, Joel Arteaga Calixto y Cecilia Ríos Salazar.

Así como el representante de Urbi Propiedades, Carlos Alberto Cosabonne Stoessel, como presunto cómplice primario.

A ellos les imputan de haberse interesado indebidamente y de manera directa en el proceso desarrollado por la Municipalidad de Huánuco ante la iniciativa de inversión presentada por Urbi Propiedades en el 2010, interés que se materializó con la emisión de los actos administrativos para favorecer a la empresa que ejecutó en el parque Puelles, el proyecto “Centro Comercial y de Esparcimiento Huánuco”, lo que es ahora el Real Plaza.

El documento fiscal señala que adjudicaron directamente la iniciativa privada sin realizar ninguna negociación previa respecto a las condiciones, estableciéndose requisitos técnicos sin justificación en agravio de la comuna provincial y el Estado.

El fiscal sostiene que los acusados emitieron con pleno conocimiento todos los actos administrativos favorables, como el hecho de cambiar de uso al parque, para adjudicar directamente el proyecto de Urbi Propiedades, sin promover ninguna negociación de las condiciones.

ALGO +

Krupskaia Beraún solicitó al juez Elmer Contreras, admitir en el proceso el informe pericial emitido el 4 de abril 2019; así como al abogado especialista Ricardo Kanashiro Romero para sustentar tal documento.

Para el 25 de julio 2019 a las 8:30 a.m. fue reprogramada la audiencia.

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