Posponen inicio de juicio del caso mercado de Puelles en el que la MPHco pagó más de un millón de soles por obra que nunca se hizo

Para las 10:00 a.m. de ayer estaba previsto el inicio de la audiencia del juicio oral del caso de la “Ampliación y mejoramiento del mercado mayorista Señor de Puelles – I etapa”, en el que están involucrados dos exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Huánuco y la representante de un consorcio. Sin embargo, debido a que una de las partes no fue ubicada para la notificación, fue pospuesta la diligencia para el 20 de noviembre próximo.

En el proceso judicial están incluidos Clever Castañeda Ramón y Eugenio Toledo Barrueta, imputados de cometer colusión agravada; además de la representante del Consorcio Huánuco, Katherine Quispe Leonardo, como cómplice. Ésta última no pudo ser notificada para el inicio del juicio oral prevista para ayer.

Inicialmente también estaban como imputados el ex alcalde Jesús Giles Alipázaga y la entonces gerente de asesoría, Edelmira Zulma Picón Ruíz; sin embargo, la fiscal Luz Sánchez Figueroa requirió sobreseimiento en el extremo de la investigación preparatoria contra los dos, argumentando que en el caso hubo dos momentos.

La etapa de control de acusación estuvo a cargo del juez Elmer Contreras; y el juicio oral será presidio por el magistrado Luis Pasquel Paredes, del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Tanto para el ex gerente municipal Castañeda Ramón, y el ex tesorero Toledo Barrueta; así como para Quispe Leonardo; la fiscalía anticorrupción solicitó 12 años pena privativa de la libertad, como presuntos autores de colusión agravada.

LOS HECHOS

En el 2012, la Municipalidad Provincial de Huánuco contrató los servicios del Consorcio Huánuco integrado por las empresas Powers Machiner & Equipament EIRL, Construcciones de obras Civiles y Viales SAC, Seinco SAC y Jorge Luis La Cruz Aguirre para la ampliación y mejoramiento del Mercado Señor de Puelles, valorizado en 5 millones 741 mil 95 soles, para la elaboración del expediente y ejecución de la obra.

Tras firmar el contrato el 7 de noviembre de ese año, el consorcio representado por Quispe Leonardo, solicitó el pago de adelanto directo equivalente al 20% del monto contractual por S/ 1’148, 219, para el cual adjuntó la carta fianza de las Caja Rural de Ahorro y Crédito Señor de Luren que tenía tres meses de vigencia (5 de noviembre 2012 al 5 de febrero 2013).

El acusado Toledo Barrueta no habría verificado la autenticidad de la carta que resultó ser falsa. La municipalidad efectuó el pago del adelanto en dos partes.

Luego, a un día del vencimiento de la garantía, por el adelanto directo, Quispe Leonardo –quien reveló que actuó por orden de Miguel Medina Matos, propietario de una de las empresas- renovó la carta, pero esta vez emitida por Soluciones Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. que no está bajo la supervisión de la SBS. Este documento, según la acusación, ha sido retenido por Castañeda Ramón, para evitar su verificación, “con el propósito de favorecer al Consorcio Huánuco”.

Según la Contraloría General que reveló y denunció el hecho, precisó en un informe que los citados exfuncionarios municipales aceptaron cartas fianza sin respaldo legal, lo cual ocasionó el perjuicio económico al Estado. La comisión auditora halló que los exservidores aceptaron cartas fianza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Soluciones LTDA, que no estaba autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), lo que la inhabilita para realizar cualquier inversión con el Estado.

Cuando el contratista incumplió el acuerdo de iniciar las obras en el plazo establecido, la Municipalidad de Huánuco resolvió el contrato, pero no pudo cobrar las cartas fianzas ya que estas carecían de respaldo legal.

Las cartas fianza eran de dos tipos: dos por concepto de adelanto directo, las cuales ascendían a 963,659 soles; y una de fiel cumplimiento, por 561,036.56 soles, las cuales en conjunto suman 1 millón 524,695.56 soles, que corresponden al monto total del perjuicio económico al Estado.

LA DENUNCIA

Fue la Procuraduría Pública de la Contraloría General que denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, al evidenciarse indicios razonables de la comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Según el órgano de control, han ocasionado un perjuicio económico de 1 millón 524 mil 695.56. Adicionalmente, ha estimado una indemnización de 152 mil 469.56 soles, y ha solicitado una reparación civil por el total de 1 millón 677 mil 165.12 soles por daños y perjuicios ocasionados al Estado.

El 4 de agosto del 2015, la referida fiscalía formalizó la investigación preparatoria del caso, que incluye al ex alcalde Giles Alipazaga.

Exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Huánuco habrían favorecido a la empresa contratista que debía elaborar el expediente técnico y ejecutar la primera etapa de las obras de ampliación y mejoramiento del mercado mayorista Señor de Puelles, ubicado en el distrito de Huánuco.

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