Desarrollan la audiencia virtual del requerimiento de prisión preventiva presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra el jefe de administración de la Oficina de Disciplina – Inspectoría de la Policía de la Región Huánuco, comandante PNP Johnny Antonio Cruz Córdova, quien es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
El referido oficial junto al Suboficial de Tercera (S3) Jhorel Danfer Fernández Acosta (25) fue denunciado por el policía Jorge Amador Remigio (22) a quien habrían pedido 5 mil soles para no iniciar investigación administrativa disciplinaria por un supuesto accidente de tránsito que dicho agente habría provocado la madrugada del 6 de octubre en la carretera Central, altura del club Lawn Tennis.
Entre los elementos de convicción que la fiscalía tendría contra Cruz Córdova es el descanso médico otorgado por la Sanidad del 3 al 9 de octubre, este documento es considerado importante, porque pese a la orden de permanecer en su casa, dicho oficial el 6 de octubre a las 6:00 de la tarde llegó a la comisaría de Cayhuayna, donde trabaja el policía Amador Remigio para levantar un acta de constatación, sobre la situación del agente.
Dicho documento es considerado por la fiscalía como irregular, porque el comandante estaba con descanso médico y pese a ello fue a la comisaría a redactar un acta con a finalidad de presionar el pago de los 5 mil soles que horas antes a través del suboficial Fernández Acosta pidió. La fiscalía también tiene el registro de llamadas entrantes, salientes del denunciante y denunciados.
Otro elemento de convicción son las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante Sol de Mayo, ubicado en Amarilis donde el jefe de administración de la Oficina de Disciplina y su chofer fueron almorzar, y a dicho lugar acudió Jorge Amador por orden del comandante Cruz. También están grabaciones de las conversaciones que sostuvieron ambos suboficiales sobre el pedido de dinero.
El pedido de prisión preventiva por 9 meses será evaluado por el juez Elmer Contreras Campos del Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
