El Ministerio Público informó sobre la identificación de los restos de 16 personas reportadas desaparecidas entre 1991 y 1992, en el contexto de las denuncias sobre estos hechos en la base militar del centro poblado de Madre Mía (jurisdicción de Nuevo Progreso – Tocahe), en el Valle del Alto Huallaga.
La Primera Fiscalía de Derechos Humanos de Interculturalidad identificó los restos óseos de los ciudadanos que residieron esos años en los centros poblados de La Perla (Mariano Dámaso Beraún) y Shapajilla (Luyando), en la provincia de Leoncio Prado en Huánuco.
Los restos óseos identificados corresponden a Edgardo Isla Pérez, Nemer Acuña Silva, Pablo Castro Jáuregui y Elizabeth Castro Salazar. También pertenecen a Elvya Salazar Aguirre, José Castro Salazar, Sonia Salazar Aguirre y Dionisio Espinoza Palomino.
Asimismo, se identificaron los restos de Rosas Fabián Evaristo, Paulino Espinoza Palomino, Gerónimo Fabián Duran y de Yovana Durand Sandoval. Completan el grupo identificado Juan Orlando Mendoza López, Casimiro Nicasio Santamaría y José Raúl Herrera Ibarra.
En el trabajo forense contaron con la participación de un equipo especializado de Ayacucho, que se encargó de la identificación final, en un laboratorio de esa región.
Este proceso comprendió además un peritaje con validaciones de ADN y análisis antropológico de restos óseos y dentales.
La entrega de los restos de las víctimas a sus familiares ha sido programada para el 20 de julio.
La implementación de la base militar de Madre Mía en 1989 formaba parte de la estrategia militar de lucha contra el terrorismo desarrollada en el Valle del Alto Huallaga.
Entre 1992 y 1993 esta instalación castrense estuvo al mando del expresidente de la República, Ollanta Humala, quien, por razones de seguridad castrense, usó durante ese periodo el seudónimo de ‘Capitán Carlos Gonzáles”.
CASO EDGARDO ISLA
De acuerdo con los testimonios, la madrugada del 25 de junio de 1992 una patrulla del Ejército se llevó de su casa a Edgardo Isla, quien tenía 28 años y se dedicaba al transporte fluvial sobre el río Huallaga.
Según testigos de la fiscalía, Isla fue ejecutado en 1992 por orden del “capitán Carlos”, como se conocía en la base a Ollanta Humala.
Tras torturarlo para exigirle información sobre terroristas, lo asesinaron. Un día después, su familia encontró su cuerpo en una chacra. Con ayuda de los lugareños, lo enterraron en lo que hoy es la cancha del pueblo.
En el 2017, la familia de Isla contactó al despacho fiscal de Edith Chamorro para contar su caso.
Su versión coincide con la que Adolfo Becker, uno de los subordinados del “capitán Carlos” en Madre Mía, dio al programa “Beto a saber” sobre las ejecuciones en Yanajanca.
EL CAPITÁN ‘CARLOS’
En junio 1992, uno de los 105 desaparecidos afectados en este caso, Jorge Ávila, denunció haber sido víctima de secuestro y tortura por parte del capitán ‘Carlos’, pseudónimo que el expresidente Ollanta Humala posteriormente admitiría haber tenido durante su estancia como jefe de la base militar de Madre Mía. Unos días después, Natividad Ávila, hermana del denunciante, y Benigno Sullca, su pareja, fueron detenidos y asesinados extrajudicialmente por agentes del Ejército.
En abril del 2011, durante la gestión de Humala Tasso, el caso se reabrió luego de que se revelaran una serie de audios en los que se presentaban indicios de una compra de testigos en el marco de las investigaciones, que fueron archivadas luego de que se determinara la absolución de agentes como Amílcar Gómez y Robinson Gómez, ambos miembros de la base militar que en un inicio habían sido acusados de tortura, secuestro y asesinato.
Las pruebas reveladas mostraron que se había sobornado a testigos a fin de que retiraran sus acusaciones. Como dato curioso de este caso, en dicho momento, el expresidente Humala era representado por el actual primer ministro de Dina Boluarte, Alberto Otárola Peñaranda, quien aseveró las acusaciones iniciales de los testigos como “inverosímiles”, y al igual que ahora, aseveró que Humala “respondería a cualquier investigación en torno al caso” de asesinatos extrajudiciales.
ALGO MAS
La entrega y búsqueda de desaparecidos durante el periodo de la violencia terrorista en Perú (1980-2000) es una labor que se impulsó en el sistema judicial peruano después del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó los abusos cometidos en esa época.
