El Informe de Auditoría N° 988-2026-CG/GRHC-AC, publicado por la Contraloría General de la República, reveló graves irregularidades en el proyecto “Instalación del servicio de capacitación y asistencia técnica a agricultores en manejo técnico de plantaciones del cultivo de té verde en 15 comunidades del distrito de Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado”, ejecutado entre el 23 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Según el documento, las deficiencias ocasionaron pérdidas por 478,800 soles al Estado peruano.
La auditoría, realizada entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2025, identificó dos hechos principales:
Primera, formularon requerimientos con términos de referencia para contratar 12 servicios de capacitación con un mismo objeto contractual, lo que constituyó fraccionamiento indebido. Cinco proveedores fueron declarados ganadores pese a no cumplir los requisitos, y los servicios nunca se ejecutaron, aunque recibieron conformidad y pago.
Esto generó un perjuicio de 345,600 soles. Además, se hallaron registros con firmas de personas fallecidas, duplicidad de beneficiarios, fotografías repetidas y material de otros proyectos, pese a lo cual se pagó 28,800 soles por cada capacitación.
Y segunda, aprobaron bases administrativas con plazos discordantes, lo que debió anular el procedimiento de selección. Sin embargo, se continuó, desestimando la oferta de Q’ori Waraca S.A.C., que presentaba mejores condiciones de precio. Durante la ejecución, se aceptó una ampliación de plazo no acreditada al contratista Multiservicios Constgra E.I.R.L., lo que evitó penalidades por mora.
Asimismo, recibieron cuatro máquinas (laminadora, secadora, recolectora de tallo y clasificadora de hojas) que no cumplían especificaciones técnicas, ocasionando un perjuicio adicional de 133,200 soles.
El informe de control recomienda procesar a funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, entre ellos el exdirector Yarushel Valenzuela Segura (actual director de Producción), con responsabilidad penal y administrativa. También se señala a Emiliana Dolores Espinoza Grados, Andrés Gabancho Ruiz, Jessica Cristina Jara Venturo y Edgar Joaquín Sabino Norabuena.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios deberá iniciar acciones penales contra los implicados. Finalmente, se exhorta a la actual directora regional de Agricultura a realizar actos administrativos correctivos y reportar al Órgano de Control Institucional las medidas adoptadas.
