
En una emotiva ceremonia realizada el 10 de diciembre en el Salón San Sebastián de la municipalidad de Huánuco, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, la Fiscalía Supraprovincial Especializa en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Huánuco, el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Derechos Humanos y Terrorismo, y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas entregaron a los familiares los restos de diez personas desaparecidas en el periodo de violencia que vivió el país de 1980 al 2000.
Tuvieron que pasar más de 20 años para que los parientes de Alberto Enrique Chacpa Paredes, Jorge Saldaña Briceño, Ricardo Huayanay Romero, Luis Melgarejo Vásquez, Rolando Chujandama Isuiza, Antonio Alejandro Irribarren Cruz, Wenceslao Briceño Castillo, Ignacio Aquino Virgilio, los hermanos Floro y Eleodoro Minaya Serafín respectivamente pudieras recibir de parte de los administradores de justicia los féretros blancos conteniendo los restos de sus seres queridos que habrían sido asesinados por el Ejército al ser acusados de colaborar con Sendero Luminoso.
CASO VICTORIA. Según el expediente del caso, el 1 de setiembre de 1991 cerca de las 5:00 de la mañana entraron al caserío de La Victoria, distrito de Cholón, provincia de Marañón, alrededor de 30 miembros del Ejército para detener a ocho personas a quienes acusaban de ser colaboradores de Sendero Luminoso y ordenando a sus familiares que no interferir en su detención. Buscaron de casa en casa, evidencia de alguna colaboración, pero no encontraron algo que los inculpe.
Luego reunieron a los ocho detenidos al costado del colegio del pueblo para ser llavados supuestamente a la base militar de Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín, pero las personas jamás llegaron al lugar, porque en el trayecto en una chacra ubicada en el caserío de Bombonaje, fueron ejecutadas por los soldados. Seis cadáveres fueron recuperados por familiares y vecinos, quienes los trasladaron hasta el caserío La Victoria, donde fueron sepultados de manera clandestina.
Otros cuerpos fueron trasladados a otros lugares, de donde fueron exhumados por personas contratadas por el Ministerio de Justicia y el equipo forense integrado por el arqueólogo Luis Rueda Curimana, Yuri Guillen Bolivar y Silvia Vera Cuarite, quienes al final de la diligencia trasladaron los restos a la morgue de Huánuco.