Entre julio y diciembre del presente año, la Contraloría General de la República (CGR) realizó el megaoperativo en Huánuco, que advirtió un perjuicio económico al Estado por más de 32 millones de soles. Esta acción que requirió la participación de 115 auditores, tuvo un costo total de entre 500 mil a 600 mil soles, según el vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública, Humberto Ramírez Trucio.
En todo momento de la rendición de cuentas de los informes, tanto el vicecontralor como la gerente regional de control, manifestaron que tuvieron una producción superior a lo programado; sin embargo, al revisar los informes de servicio de control recientemente publicados, 184 de ellos están ligados sólo a recomendaciones a los titulares de las entidades públicas.
En concreto, realizaron 209 servicios de control y, de ellos 193 fueron informes de control posterior; pero, de entre todas estas acciones, él único que cobró relevancia es el realizado al Gobierno Regional de Huánuco, sobre el perjuicio económico de S/ 23 225 490.04 que se habría generado al Estado al adquirir 7995 laptops de manera irregular y por el cual ocho funcionarios y servidores públicos tendrían responsabilidad penal y/o administrativa.
Entre los informes de control posterior, 65 están referidos a la remisión a la Contraloría General de la República, de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar declaración jurada, correspondiente al período 2020. Otros 46 están ligadas al registro de información y documentación de la evaluación semestral de la implementación del Sistema de Control Interno en el aplicativo informático a cargo de la Contraloría General de la República Período 2021. Y, una mayor cantidad, 73 tienen que ver con el registro de información sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos correspondiente a la gestión de residuos sólidos, periodo 2019 y 2020.
Según el vicecontralor Humberto Ramírez, el hecho de recomendar al titular de la entidad la adopción de las acciones administrativas, es con el fin de que este remita las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos de la entidad.
CUESTIONAMIENTO. Al respecto, se pronunció el vicegobernador regional, Erasmo Fernández Sixto, quien se mostró en contra del informe en general y dijo no sentirse contento por ello; pues, cree que, el organismo fiscalizador solo intervino en algunos proyectos pequeños.
“Se ha perdido la oportunidad de abordar obras emblemáticas, donde las inversiones son millonarias, como el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, el Hospital de Tingo María, la carretera Mono Pampa, la carretera Santa Virginia, el agua potable de Ambo, agua potable de Pillco Marca, avenida Juan Velasco Alvarado y el anillo vial Héroes de Jactay”, dijo.
En otro momento, sostuvo que, el problema no está en la ejecución de obras, sino en cómo se adjudican los contratos. “Ojalá la contraloría despliegue más recursos”, manifestó.
Además, Fernández Sixto señaló que, le entregó al vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública, Humberto Ramírez Trucios, una copia de los documentos que remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, para que verifique la cantidad de líneas de crédito que se han utilizado en las obras para otorgar los contratos.
ALGO MAS
Al respecto, se pronunció también la congresista, Elizabeth Medina, quien pidió celeridad al Ministerio Público respecto a las investigaciones que vinculan al gobernador regional, Juan Alvarado.
