
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco realizó una visita de supervisión a la Municipalidad Distrital de Cayna en la provincia de Ambo, donde pudo advertir diversas deficiencias que vulneran el cumplimiento de las políticas públicas de defensa de los derechos de los grupos más vulnerables de la población, especialmente de las mujeres, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.
Una de las problemáticas detectadas es que, pese a que la Ley n.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, dicha comuna no ha conformado aún la instancia de concertación local para la lucha contra dicha problemática, la cual es un espacio en el que convergen las principales autoridades del distrito para abordar planes de acción conjuntas.
Como consecuencia, se pudo evidenciar que el distrito de Cayna no cuenta con un reglamento ni plan de trabajo para la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Otro aspecto advertido durante la supervisión fue que la comuna tampoco cuenta con una Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna). Si bien existe un responsable del área, aún no se ha oficializado la creación de esta dependencia como un órgano adscrito a la municipalidad, por ende, no cuenta con la acreditación respectiva del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Además, encontraron que la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) carece de un registro actualizado de las y los ciudadanos con discapacidad que residen en el distrito y que tampoco cuenta con un reglamento vigente que regule las audiencias públicas de rendición de cuentas.
Ante estos hallazgos, la Defensoría instó a las autoridades de la referida municipalidad, disponer la implementación de las acciones y documentos relacionado a la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.
La jefa de la sede defensorial en la región, Lizbeth Yllanes, indicó también que ha requerido iniciar el proceso de acreditación de la Demuna ante el MIMP. Asimismo, que
actualice el registro de empadronamiento de las personas con discapacidad.