El alcalde del distrito de Quivilla en Dos de Mayo, Fidel Nicolas Godoy, contra quien pesas dos órdenes de captura por similares delitos, continúa manejando dicha municipalidad desde la clandestinidad y sigue firmando documentos y cheques con apoyo de funcionarios de su confianza y algunos regidores.
Como se recuerda, el 11 de octubre de este año, el juez Anticorrupción Elmer Contreras Campos, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueves meses contra Nicolas Godoy, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; por tanto ordenó su ubicación y captura que no se hace efectivo hasta el momento.
Pero, además, el investigado registra otra orden de captura que data del 5 de julio por disposición del Juzgado Unipersonal de Yanahuanca, por el mismo delito, en agravio de la municipalidad distrital de San Pedro de Pillao en Pasco.
Para ayer, el secretario de la municipalidad, Bernardo Miraval, citó “en nombre del presidente del concejo municipal” a los regidores a una sesión ordinaria para tratar la suspensión en el cargo de Nicolas Godoy, solicitado por el concejal Richard Galarza; sin embargo, fu un acto de dilación más como ocurrió el 15 del mes cuando el propio prófugo alcalde los convocó para lo mismo.
Para continuar gobernando y dejar a cargo su despacho, Nicolas Godoy, contrató a una nueva gerente el 31 de octubre, 20 días después que pasó a la clandestinidad. Se trata de Lupe Montes Guardia. Desde entonces continúa emitiendo diversos documentos, incluso firmando cheques, toda vez que el Banco de la Nación no tiene ninguna comunicación judicial sobre su situación legal.
Según el regidor Galarza, incluso estaría usando al tesorero renunciante para emitir cheques. Melchor Valdivia Borja renunció el 20 de diciembre del 2017, pero, seguiría firmando estos documentos.
MEDIDA CAUTELAR. Ante tal situación, la procuradora Anticorrupción presentó una medida cautelar ante el Juzgado Anticorrupción para advertir al Banco de la Nación que evite hacer movimientos financieros, pagos y similares, toda vez que está en riesgo las cuentas de la referida municipalidad, hasta cuando asuma el funcionario legalmente reconocido; sin embargo, el referido despacho no resuelve el pedido.
