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El presidente de la República, Pedro Castillo, dispuso la disolución temporal del congreso y el establecimiento de un gobierno de excepción, para la recuperación del orden democrático y el equilibrio de poderes, roto por el Legislativo. Sin embargo, tal decisión que tuvo el rechazo de todos los sectores, precipitó la vacancia presidencial por incapacidad moral que casi paralelamente debatían en el Parlamento, y luego la detención del expresidente para ser investigado por rebelión.
En su sorpresivo mensaje a la Nación, Castillo, indicó que tal decisión la tomó en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, con la finalidad de restablecer el estado de derecho y la democracia. «A cuyo efecto se dictan las siguiente medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses», había expresado Castillo.
Asimismo, dispuso hasta que se instaure el nuevo Congreso gobernaría mediante decretos de ley. Además, decretó el toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente.
De igual modo, declaró en reorganización el sistema de justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
También precisó que todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional del Perú en el plazo de 72 horas, por lo que quien no lo haga «comete delito sancionado con pena privativa de la libertad y se establecerá en el respectivo decreto ley».
Conocido la decisión, los ministros de diversas carteras anunciaron uno tras otro su renuncia al cargo, en rechazo a la decisión adoptada y por respeto a los valores democráticos y constitucionales.
En esa línea, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, también se pronunciaron, afirmando que no acatarán acto contrario al orden constitucional y ratificaron su respeto a la Constitución. “Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú nos mantenemos unidas, firmes y dignas siempre”, se puntualiza en el pronunciamiento.
De la misma manera se pronunciaron desde el Poder Judicial, órganos electorales, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Fiscalía de la Nación, Contraloría y otros.
VACANCIA. Mientras eso ocurría en el Ejecutivo, el pleno del Congreso adelantó la hora de su sesión y aprobó la vacancia presidencial contra Pedro Castillo tras someter la moción a votación, de manera nominal. La vacancia presidencial fue aprobada con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Tras su aprobación, el presidente del Parlamento, José Williams, anunció la asunción de Dina Boluarte, como presidente de la República.
“Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, concordante con el artículo 117 de la Carta Política”, indicó al titular del Congreso, José Williams Zapata, cuando se dio a conocer el resultado final.
Asimismo, Williams Zapata afirmó que tras la decisión tomada por el Congreso se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.
DETENCIÓN. Luego que fue destituido como presidente de Perú por el Congreso del país, Pedro Castillo, fue detenido por autoridades policiales y luego trasladado a la sede de la Prefectura de la capital.
Estuvieron a cargo del procedimiento de detención, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación; y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder.
En tanto, el procurador del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia penal en contra de Castillo por la medida inconstitucional adoptada.
Ya en horas de la noche, Castillo fue trasladado a la sede de la Diroes en el distrito limeño de Ate, luego de permancer por más de ocho horas en la Prefectura de Lima. Previo a ello, fue llevado al cuartel Juan Benites, en el distrito de Rímac, para ser trasladado con un helicóptero a la sede la Diroes, donde también se encuentra el expresidente Alberto Fujimori.
La Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de Presidente, por la presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado (art. 346° del Código Penal).
Alternativamente, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias preliminares por la presunta comisión de los delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado (Art. 349° del Código Penal).
