Ayer, el Consejo Regional de Huánuco (CRH) adoptó un acuerdo, a través del cual, le dan 30 días de plazo al procurador público del Gobierno Regional Huánuco; para que formule una denuncia civil en contra de los que resulten responsables del presunto perjuicio económico, al haber desarrollado un irregular proceso de adquisición de 7995 laptops por el monto con S/ 23 225 490.04, tal como lo advirtió la Contraloría General de la República.
En el caso están incluidos el gobernador Juan Alvarado Cornelio; Bertha Ada Gonzales Soto, actual subgerente de Desarrollo Institucional y Sistemas; Eden Kaid Lavado Loarte, ex director regional de Asesoría Jurídica; Luz Janeth Rodríguez Ramos, ex gerente regional de Desarrollo Social; Darwin Frank Campos Soto, especialista en Desarrollo de Sistemas; Luis Augusto Briceño Jara, ex gerente general regional y actual asesor FAG; Limber Garcia Tafur, ex técnico administrativo en la Unidad de Almacén; y, Fredy Hernando Najera Valentin, abogado especialista en la oficina regional de Asesoría Jurídica
A través del acuerdo, el Consejo Regional busca que los funcionarios y exfuncionarios vía una acción indemnizatoria tendrían que resarcir el perjuicio ocasionado a la entidad; debido a que la Contraloría advirtió presunta responsabilidad penal y administrativa en los antes mencionados e, incluso, porque se recomendó al procurador de la Contraloría interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público.
Las presuntas irregularidades, según la Contraloría, se registran desde la elaboración del expediente técnico para la compra. Y, por ello, los consejeros tomaron en cuenta que, los funcionarios del gobierno regional firmaron la conformidad de las 7995 laptops, sin haberlas recibido en su totalidad, faltando 104. Según el informe de auditoría n°29224-2021-CG/GRHC-AC, se aprobó el Informe de Estandarización de Compra, sin el debido sustento técnico y legal.
Para adoptar la decisión, los consejeros consideraron que las computadoras portátiles no cumplían con las características de la orden de compra y, además, habrían sido adulteradas y reensambladas.
Al no contemplar el informe de la Contraloría una acción civil y tomando en cuenta que, la Contraloría sólo remite el informe de recomendación a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales, para que inicie las acciones legales. Por esta razón, el Consejo Regional tomó en cuenta la opinión legal de uno de sus asesores quien indicó que, la ventaja de ir por la vía civil es que, el monto que se vaya a determinar por la reparación civil ingresará a las arcas del gobierno regional; algo que, no ocurriría cuando el Procurador Anticorrupción interponga la denuncia y el fiscal en investigación preparatoria solicite la indemnización, ya que, el monto de la reparación sería derivado a la Procuraduría General del Estado y al Ministerio de Justicia
«Si está acreditado y comprobado el perjuicio, el gobierno regional tiene que iniciar las acciones para que resarza el daño ocasionado a la entidad», expresó el consejero Iván Albornoz, durante el debate del pedido formulado por la comisión de planeamiento, presupuesto, acondicionamiento territorial y asuntos legales.
