Mientras el viernes, 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, cuatro dirigentes indígenas que protegen los territorios de Puerto Inca, en Huánuco y en Ucayali, sufrieron nuevos atentados. Uno de ellos en la comunidad de Sinchi Roca, donde en marzo de este año asesinaron al joven defensor de los derechos humanos, Herasmo Garcia, por manos de narcotráficantes.
Desde la Organización Regional AIDESEPE (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) Ucayal (ORAU), informaron que, esta vez, incendiaron la vivienda de Elmer González, agente municipal de la comunidad, quien afortunadamente salió ileso del intento de asesinato; al igual que Fredy Yaycate Pinedo, quien tras varios días de estar secuestrando fue encontrado con signos de tortura. Pero, aún falta dar con el paradero de Atilio Alegria Bonzano, desaparecido desde hace poco más de una semana, este último pertenece a la comunidad de Puerto Nuevo II.
Para detener esta situación y para evitar que el dirigente de Sinchi Roca, Roki Vera Esteban, corra el mismo riesgo que sus otros amigos; el presidente de la Organización Regional AIDESEPE Pueblos Indígenas Ucayali-ORAU, Berlin Diques, pide que, las autoridades adopten acciones inmediatas y establezcan mecanismos intersectoriales de protección de personas defensoras de derechos humanos.
El representante de los protectores ambientales señala que los años 2020 y 2021 serán recordados por los pueblos indígenas como trágicos. Primero, debido a la pandemia que sigue cobrando la vida de la población más vulnerable y, segundo, por los asesinatos de los lideres indígenas, así como por la destrucción de sus territorios comunales.
También, menciona que, en estos meses han logrado, con mucho esfuerzo, organizarse para salvaguardarse, pues no tienen expectativas frente a la indiferencia del Estado. Es así que, buscan hacer pública la problemática en diversos medios nacionales e internacionales con el único interés de lograr acciones concretas de protección por parte del Estado.
Exigen protección
No obstante, Disquez reconoce que, el día 22 de abril, han publicado el Decreto Supremo 004-21 JUS, que crea el Mecanismo Multisectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. «Nosotros saludamos la aprobación de esta norma y la recibimos con gran expectativa, aunque este significa solo un pequeño logro entre todas las solicitudes expresas que hemos hecho llegar al Gobierno actual», dice la misiva.
Ante esta situación, la Organización Regional de AIDESEP Ucayal-ORAU, pide que, a los defensores de los territorios nativos se les brinde garantías personales, pues todos han sido amenazados de manera directa y constante, situación que es de conocimiento de la policía nacional. Las amenazas vienen de traficantes de droga, de madera y de tierras.
Exigen por segunda vez declarar en emergencia la región Ucayali y la provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, a fin de recuperar presencia estatal y controlar los circuitos de comercialización de los cultivos legales. Asimismo, piden ejecutar una intervención integral, supervisada directamente desde de la Policía Nacional y las fiscalías en Lima, que busque pacificar la zona y evitar nuevos atentados en los próximos días
Para poner punto final a esta situación, también piden identificar y capturar a los asesinos, secuestradores y torturadores de los indígenas. En tanto, para proteger su territorio solicitan la titulación y la georeferenciación.
Finalmente advierten que actores ilegales en la zona han amenazado con ejecutar una serie de atentados contra los Cacotaibo por su resistencia ante el avance de los cultivos ilícitos en sus territorios. Por ello, hicieron un llamado al Ministerio del Interior a ejecutar un plan de seguridad de emergencia para las familias que están siendo víctimas de una ola de represalias.
ALGO MAS
A fines de febrero de este año, la Organización Regional de Aidesep-Ucayali (ORAU), dirigió un documento al ministro de Justicia, Eduardo Vega, solicitando que la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, sean declaradas en emergencia por la amenaza a sus vidas ante la presencia impune de traficantes de tierras, de madera y de droga.
