Cuando se habla de combatir la inseguridad ciudadana, la mayoría de la gente piensa de inmediato en más policías, patrulleros y cárceles. Sin embargo, la verdadera seguridad empieza mucho antes, evitando que los jóvenes caigan en las redes de la criminalidad. Con esa lógica, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ha puesto en marcha la campaña nacional «Ponte Pilas», una movilización que llevará talleres y estrategias de prevención social del delito a 32 colegios vulnerables de la costa, la sierra y la selva peruana.
Esta iniciativa, coordinada por especialistas en criminología y defensores públicos, busca transformar las aulas en escudos protectores para los adolescentes que viven en entornos de alto riesgo.
Un salvavidas técnico frente a la presión de la calle
En el día a día de un barrio golpeado por la violencia, un adolescente se enfrenta constantemente a factores de riesgo como el pandillaje, la deserción escolar, el consumo de drogas o el reclutamiento por parte de bandas criminales. Lo que hace el programa «Ponte Pilas» en los colegios no es dar charlas aburridas o teóricas sobre las leyes, sino dictar talleres prácticos orientados al desarrollo de «habilidades para la vida».
A través de dinámicas participativas, los estudiantes aprenden a manejar la presión de grupo, a resolver conflictos de forma pacífica y a tomar decisiones críticas sobre su futuro. Además, la campaña involucra directamente a los profesores y a los padres de familia. Esto genera una consecuencia inmediata en la comunidad escolar: los adultos aprenden a detectar a tiempo las señales de alerta —como cambios drásticos de conducta o aislamiento— antes de que el menor adopte un comportamiento delictivo, creando una red de soporte que la calle no pueda romper fácilmente.
De las aulas a los barrios: El impacto real en la población
La ejecución de esta política estatal genera cambios profundos a corto y largo plazo que benefician directamente a la seguridad de todos los ciudadanos:
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Oportunidades frente a las malas decisiones: Al poner el foco en el deporte, la cultura y la educación, el Estado les demuestra a los jóvenes que su origen no determina su destino. El programa rescata testimonios reales de la intervención «Cambiando Rumbos», donde adolescentes que ya estaban rozando la delincuencia lograron reorientar sus vidas. Ver a sus propios pares contar cómo salieron adelante funciona como un espejo motivacional mucho más potente que cualquier castigo legal.
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Barrios más tranquilos en el futuro: La consecuencia social más importante de prevenir el delito juvenil es que se corta el relevo generacional de las bandas criminales. Si las mafias locales se quedan sin jóvenes a los cuales reclutar o instrumentalizar, la delincuencia común empieza a retroceder de forma natural. A largo plazo, esto se traduce en calles más seguras, menos robos al paso en los alrededores de los colegios y una reducción de la violencia urbana.
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Menos gasto en cárceles, más inversión en desarrollo: Desde el punto de vista político y económico, mantener a un joven dentro del sistema educativo y alejado de las comisarías le ahorra millones de soles al Estado en procesos judiciales, patrullaje y mantenimiento de centros de reclusión sobrepoblados. Ese dinero ahorrado puede reinvertirse luego en mejorar la infraestructura de los propios colegios o en crear más espacios públicos como el Palacio de la Juventud en Villa El Salvador, donde este 25 de junio se concentrarán las principales actividades comunitarias del sector.
Fuente: Agencia Andina
