La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha pisado el acelerador en su estrategia para frenar las malas prácticas dentro del aparato estatal. A través de la Secretaría de Integridad Pública, el Ejecutivo ya ha brindado asistencia técnica a más de 450 entidades del Estado en lo que va del 2026, alcanzando casi el 70 % de su meta anual. Lo interesante de esta ofensiva es que no se está quedando en los escritorios de Lima; las últimas jornadas presenciales se han realizado directamente en los gobiernos regionales de Cajamarca, Pasco y Puno, apuntando a los territorios que, según los datos del Índice de Capacidad Preventiva 2025, enfrentan los mayores desafíos de transparencia en el país.
De los manuales de ética a los cambios reales en el presupuesto
Cuando escuchamos hablar de «asistencia técnica en prevención de la corrupción» o «implementación de modelos de integridad», es fácil pensar que se trata de simples charlas teóricas para los funcionarios. Sin embargo, en la práctica, estas capacitaciones cambian las reglas del juego en la administración del dinero público. Al entrenar a los equipos técnicos regionales y comprometer directamente a gobernadores y gerentes, lo que se busca es instalar filtros y candados digitales en los procesos de contratación.
La consecuencia más directa para la población es que el presupuesto asignado para obras públicas queda mucho mejor blindado. Cuando un gobierno regional aprende a identificar y mitigar los «mapas de riesgo», se vuelve mucho más difícil que malos funcionarios direccionen las licitaciones hacia empresas fachada o que inflen los precios de los materiales. Para el ciudadano común de Puno, Pasco o Cajamarca, esto significa que el dinero destinado a techar un colegio, comprar ambulancias o tender redes de agua potable tiene una probabilidad mucho mayor de terminar convertido en una obra real y terminada, en lugar de acabar en una obra paralizada por un escándalo de corrupción.
Trámites más limpios y el camino hacia la recuperación de la confianza
Otro cambio importante que genera esta intervención se nota en la atención diaria al usuario. La corrupción en las regiones muchas veces no se da a gran escala, sino en el día a día: en la traba burocrática creada a propósito para exigir una coima, en el favoritismo para otorgar una licencia o en el desvío de insumos médicos. El Modelo de Integridad de la PCM obliga a las instituciones subnacionales a transparentar sus procesos y abrir canales seguros para que tanto los ciudadanos como los propios trabajadores puedan denunciar irregularidades de forma anónima y sin temor a represalias.
Al simplificar los trámites y digitalizar los registros, se elimina ese espacio gris donde los tramitadores y los funcionarios deshonestos suelen operar. Próximamente, esta misma estrategia se trasladará a regiones como Huancavelica, Junín, Moquegua, Ayacucho, Tumbes y Loreto. A largo plazo, el verdadero impacto de este despliegue no es solo administrativo, sino social: busca devolverle al ciudadano de a pie la confianza de que el Estado puede funcionar de manera justa, eficiente y transparente, garantizando que los servicios públicos sean un derecho accesible para todos y no un negocio para unos cuantos.
Fuente: Agencia Andina
