A más de dos años del hecho, el fiscal Jimy Gonzáles Ticona de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco presentó al juzgado de turno el requerimiento de acusación para seis investigados por la presenta comisión del delito de homicidio simple por dolo eventual en agravio de quien en vida fue, Cinthia Alexis Pasapera Silva.
La acusación también es por los delitos de exposición al peligro, participación en el ejercicio ilegal de la profesión en agravio del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional X Huánuco; Colegio de Enfermeros del Perú, y otros.
Es así, que la fiscalía está planteando para Yolanda Atencia Córdova investigada por los delitos de exposición al peligro y homicidio por dolo 13 años y ocho meses de pena efectiva, mientras que a Yleana Ginette Cortez Espinoza le correspondería una pena de 17 años y 10 meses de pena privativa de libertad efectiva.
Para el médico Wenceslao Villafuerte Cerón investigado por un concurso real de delitos, la fiscalía pide once años y seis meses; para Ana Cecilia Machuca Mory la determinación de la pena concreta es en base a las circunstancias atenuantes y agravantes, por lo que plantea 17 años y dos años y inhabilitación.
Para Stept Lisset Chinchón Núñez y Yomara Emperatriz Revier González, el Ministerio Público está planteando dos años de pena privativa de libertad efectiva. Sobre la reparación civil, la fiscalía estima razonable que fije la suma de 50 mil soles para una de las agraviadas que un día antes de la muerte de Pasapera Silva, fue sometida a una operación estética en el mismo centro médico ubicado en la cuadra nueve del jirón Hermilio Valdizán.
El Ministerio Público no hizo su pronunciamiento sobre la reparación civil de Cinthia Pasapera, porque al proceso fue incorporado ell actor civil representando a los herederos legales.
HECHOS. El 27 de febrero del 2024, la Suboficial de la Policía, Cinthia Pasapera acudió al Centro Traumatológico Dr. Vitor, ubicada en la cuadra nueve del jirón Hermilio Valdizán con la finalidad de ser sometida a una intervención quirúrgica (liposucción), pero por una mala práctica falleció en la sala de operaciones que no cumplía con las normas técnicas de salud.
El referido centro médico estaba autorizado para brindar el servicio en la especialidad de traumatología y ortopedia, y como cartera de servicios consulta ambulatorio por médico general y consulta ambulatoria, pero no para intervención quirúrgica, esto porque no tenía autorización para el funcionamiento de una sala de operaciones. Pese a ello, los días 26 y 27 de febrero dos mujeres fueron sometidas a cirugías, pero cuando estaban realizando la tercera operación, la paciente que era miembro de la Policía falleció a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, hemorragia pulmonar y asfixia interna.
Según la acusación fiscal que consta de 240 páginas, el personal entre los que estaba el médico, la anestesióloga, enfermeros y el personal que estuvo en la improvisada sala de operaciones intentaron entubar a Pasapera Silva hasta seis veces, cuando sólo está permitido tres veces, y está acción habría provocado la instrucción de la vía aérea superior de la agraviada, produciéndose su deceso.
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La fiscalía ofreció 168 elementos de convicción y 71 medios de prueba para probar los delitos que planteó en el requerimiento acusatorio.
