Los maestros en la VII Asamblea Nacional del Sutep rechazaron el retorno parcial a las aulas en las zonas rurales, debido a que el Estado no garantiza las medidas mínimas de salubridad, lo que pone en riesgo a los estudiantes, padres de familia y docentes frente al Covid-19.
Según la representante de Huánuco, Carmen Medina Valerio, la resolución ministerial n° 430 pretende imponer el retorno a las aulas, sin asegurar la salud e integridad de la comunidad educativa en el ámbito rural.
Los maestros plantearon para el retorno a las clases presenciales, una normatividad consensuada, canasta tecnológica obligatoria (tablets, laptos e internet de banda ancha) e infraestructura sanitaria básica para evitar un contagio masivo del SARS-CoV-2.
Entre los 20 puntos prioritarios para atender la educación durante la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus, también demandan a los gobiernos central y regional, dar solución a los problemas de conectividad gratuita a internet de los niños y docentes.
También exigen al Estado garantizar el presupuesto para infraestructura, alimentación para estudiantes y mejores remuneraciones y salud para maestros.
Medina aseveró que no se oponen a la innovación tecnológica en las instituciones educativas, pero si demandan el desarrollo de plataformas virtuales y nubes digitales para el sistema educativo nacional, garantizando el aprendizaje tecnológico de docentes y niños. “Queremos consolidar un diálogo educativo abierto y permanente con los estudiantes, padres de familia, para defender el derecho a la educación gratuita”, sostuvo, tras exigir la derogatoria de la resolución ministerial n° 326, que abre las puertas a la privatización de la educación.
Asimismo, dijo que exigen al Congreso de la República ratificarse y asegurar la asignación del 6% del PBI, aprobar el proyecto de ley n° 5970 de nombramiento excepcional de docentes y auxiliares contratados, así como el aumento inmediato de sueldos para los trabajadores del sector educación.
Del mismo modo, demandan aprobar un nuevo régimen pensional, donde el 13% de descuento de la remuneración se rentabilice, con una pensión digna para los cesantes y jubilados. Y el reconocimiento de pago del 30% de preparación de clases y evaluación sin judicializar, entre otros puntos.
También acordaron exigir el resarcimiento y respeto a los derechos laborales de los maestros interinos titulados promoviendo su reincorporación en las más de 50 mil plazas orgánicas existentes.
