Las más importantes empresas constructoras que trabajan en nuestro país constituyeron, entre el 2011 y 2014, el “Club de la Construcción” para beneficiarse, vía acuerdos ilegales y licitaciones fraudulentas, de contratos de obras públicas; según informa La República.
Así, bajo esta premisa, con autorización de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, el Equipo Especial del Ministerio Público allanó 42 viviendas y oficinas correspondientes a 17 investigados, representantes o lobistas de las empresas constructoras.
Además, contra seis de estos investigados, cinco representantes de las empresas constructoras y un exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se dictó orden de detención preliminar. Hasta el momento fue detenido el exasesor del MTC, Carlos García Alcázar.
La orden judicial de allanamiento -según La República- refiere que de acuerdo con el colaborador eficaz N° 06-2011, un exfuncionario de la empresa Odebrecht Perú, unas 30 empresas constructoras, nacionales y extranjeras, constituían el “Club de la Construcción”.
Entre estas empresas, está Obrainsa que forma parte del consorcio (Obrainsa – Joca), encargado de ejecutar la construcción del nuevo hospital regional de Huánuco (obra paralizada actualmente).
Junto a Obrainsa, están también , ICCGSA que hizo trabajos de mantenimiento en la carretera Huánuco – La Unión.
Las otras empresas, son: Malaga, Cosapi, Graña y Montero, JOHE, Grupo Plaza, Constructora San Martin, OAS, Andrade Gutiérrez, Motaengil, Queiroz Galvao, H&H Casa y otras, quienes acordaban entre ellas cual sería la beneficiada de la “buena pro” convocada por Provias Nacional, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Según las investigaciones, reveladas por el medio nacional, “El Club de la Construcción” se ponía en contacto con un lobista, quien se encargaba de contactar al interior del MTC a funcionarios para hacer el acuerdo y recabar de la empresa ganadora el 2,92% de la valor del contrato adjudicado.
Tras varios meses de investigación, el Equipo Especial del Ministerio Público, ha logrado documentar la relación entre Prialé de la Peña (acusado de lobista) y García Alcázar y los representantes de las empresas constructoras, para sustentar los pedidos de detención y allanamiento de inmuebles de los 17 investigados, entre ellos de los representantes de Obrainsa, Elard Paul Alejandro Tejeda Mosco; y de ICGSA, Rafael Granados Cueto.
(Foto La República)
