La regidora provincial, Varinia Calvo Gómez, respondió a la polémica generada tras la advertencia del Consejo Regional, de que su contrato como consultora con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) del Gobernación Regional Huánuco, sería ilegal y que el dinero cobrado por esa función tendría que ser revertido. En igual situación se encuentra su colega,
Silvia Sullca Parra, quien también desempeñó esa misma función en el primer año de gestión del exgobernador Juan Alvarado.
“Podría ser ilegal, pero no lo es; sino, yo no hubiera accedido a acompañar al actual gobernador (Erasmo Fernández Sixto). Si hubiera sido irregular no hubiera aceptado ese cargo, no estoy acostumbrada a entrar a cosas irregulares”, declaró para luego hacer mención de que su trabajo como regidora no es a tiempo completo, ni a dedicación exclusiva.
“Recibo dietas, no es un sueldo del Estado. Tenemos derecho a tener otro trabajo en cualquier entidad pública, la única prohibición para los regidores es trabajar en la municipalidad o en empresas municipales en donde uno es autoridad”, continúo la concejal.
Es más, a su opinión, no tendría que devolver ningún monto al Estado.
Cuestionó que los consejeros soliciten a la Contraloría General de la República investigar la contratación de los consultores FAG del Gobierno Regional Huánuco. “Yo les pediría a los consejeros que se ilustren, que lean la ley y se eduquen en la materia para poder verter estos comentarios; porque, hacen perder el tiempo a los diarios y harán perder el tiempo a la Contraloría”, refirió.
Para ella, existe una mala interpretación de la ley, ya que, en caso de que hubiese sido irregular, el Ministerio de Economía y Finanzas, quien hace los filtros para contratar al personal FAG la hubiese observado, pues presentó su credencial de regidora como parte de su hoja de vida.
Al respecto, el consejero regional, Iban Albornoz, sostuvo que será la Contraloría quien determine si su contratación es legal o ilegal. “La ley es clara, prohíbe que las autoridades contraten con el Estado para efectuar consultorías. Su dieta es como regidora; pero, a nivel del gobierno regional está cobrando por consultoría y eso prohíbe la ley”, manifestó.
En efecto, la Ley 28212, que desarrolla el Art. 39 de la Constitución Política del Perú, en lo que se refiere a la jerarquía y remuneración de los altos funcionarios y autoridades del Estado, precisa la prohibición relacionado a estos casos.
La quinta disposición final de la referida norma señala textualmente: “A partir del 1 de enero del 2005, queda prohibido que los altos funcionarios y autoridades del Estado señalados en el artículo 2 de la presente ley, perciban ingresos mediante contratos de consultoría o similares, directos o indirectos”. El Art. 2 al que hace referencia, señala, entre otros a los alcaldes y regidores provinciales y distritales como parte de la “jerarquía de los altos funcionarios y autoridades del Estado”.
Según el ex decano del Colegio de Abogados de Huánuco, Hernán Cajusol Chepe, existiendo antecedentes en los que la Contraloría General de la República ordenó la devolución de pagos ilegales; ambas concejales tendrían que hacer lo propio.
Sostuvo que tanto en la gestión de Alvarado y Fernández, transgredieron el campo administrativo al contratar a Sullca y a Gómez, pues se generó que perciban doble remuneración del Estado; uno, dieta como concejal y, segundo, como consultora. “Existe un mandato expreso que ninguna persona puede tener una doble remuneración por parte del Estado”, refirió el letrado.
Resaltó que la única excepción para percibir doble remuneración es por docencia universitaria que no ocurre en este caso.
ALGO +
Según las planillas que obran en el Gobierno Regional de Huánuco, Sullca Parra cobró un total de 36 mil soles en los seis meses del 2019 que fue consultora; mientras que Calvo Gómez ya percibió 32 mil soles de abril a julio de este año.
